Después de 12 años de prohibición, el regreso de las hinchadas visitantes a los estadios en Argentina duró un pestañeo. Se auguraban familias con camisetas rivales regresando sin conflicto a su lugar en el rito futbolero.
La ilusión terminó en linchamiento y sangre en un país fanáticamente enamorado de la pelota. En el estadio de Independiente, los visitantes chilenos fueron golpeados, desnudados, alguien autoarrojado desde la altura de la tribuna del miedo. Unos iniciaron, los otros en respuesta ni se detuvieron ni demostraron evolución respecto de los últimos 12 años de veto de barras.
Las fanaticadas argentinas dominan accesos, reventa, extorsión y hasta candidaturas políticas. Poder paralelo con múltiples conexiones policiales, judiciales y directivas en corporaciones o instituciones. Chile comparte esa marca de tribalismo, aunque con menor historial trágico que Argentina. Cuando equipos chilenos viajan a Buenos Aires, el choque de pseudoculturas hinchas desata indignidad y humillación. Lo ocurrido en Avellaneda es la actualización de un libreto antiguo.
En relativo contraste, México parece haber exportado su polarización a otros espacios de la vida pública. Aquí las barras existen, pero rara vez protagonizan tragedias. Querétaro en 2022 fue la excepción para la confirmación de la regla.
Mientras en Argentina matan por un trapo, la bandera del equipo, en México las porras son políticas y se expresan, por ejemplo, en el Senado, donde la senadora del PT Yeidckol Polevnsky reclamó: “no podemos tener locos en el Pleno dando gritos”. No pasó de ahí. Después de la alusión a Lilly Téllez, paradigmática, y del respectivo Gerardo Fernández Noroña changoloneado por la ex morenista.
El intento argentino por reabrir la puerta a los visitantes fue también experimento político. El gobierno de Javier Milei, enfrentado con la Asociación del Futbol Argentino, necesitaba un gesto de civilidad. Y desde Chile, gobernado por una izquierda incluyente, se exige ahora justicia para los ciudadanos agredidos en la capital del tango.
En nuestras canchas nacionales, la relación entre política y futbol existe domesticada. Presidentes como Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto fueron declarados seguidores del Morelia y Toluca, y gobernadores como los de Jalisco o Nuevo León han buscado legitimidad en ese deporte.
Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, han insistido: más allá del espectáculo, el deporte es un espacio de cohesión social y prevención de violencia.
La tragedia futbolera confirma al estadio como laboratorio de los límites de la salvaje reivindicación identitaria. Inglaterra lo aprendió en Hillsborough en 1989 con los hooligans. Rusia cargó su extrema violencia en la Eurocopa de 2016.
En la política mexicana, con todas sus pasiones sinuosas y ofensivas, se ha aprendido a no incluir violencia física colectiva. Mientras no aparezca el narco.
