En enero y abril se presentaron el Plan México (PM) y el Plan Nacional de Desarrollo (PND), respectivamente. El primero se mostró ante el sector empresarial y constituye la respuesta del gobierno federal al adverso contexto global. Es un documento considerado como la hoja de ruta de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Impulsado principalmente por la Secretaría de Economía, el PM es un guion complementario al PND y tiene el objetivo de promover el sector productivo doméstico mediante una serie de acciones. Entre ellas, destacan los polos de desarrollo en diversas regiones del país. Por ejemplo, en Tamaulipas, los sectores que se apoyarán bajo este esquema son el de semiconductores, agroindustrial, aeroespacial, automotriz, electromovilidad, farmacéutica y dispositivos médicos, entre otros. Además, el PM promueve la ciencia, la tecnología y la innovación.
Por otro lado, el PND propone ejecutar, durante los próximos seis años, medidas ambiciosas. Impulsar la soberanía alimentaria y energética, garantizar el derecho a la salud universal, asegurar el derecho al agua e implementar una política industrial integral son algunas de ellas.
Según el PND, la política industrial debe disminuir la dependencia de México del exterior, incentivar la inversión y permitir que las empresas nacionales participen en las cadenas globales de producción y valor. A pesar de que aún no hay detalles (proyectos particulares, mecanismos de participación pública, etc.) de la política industrial que propone el PND, el anuncio es una gran noticia.
Como parte de la estrategia económica, el 30 de mayo el gobierno y la economista Mariana Mazzucato firmaron un acuerdo de colaboración. La académica asesorará la implementación del PM empleando su visión metodológica. El enfoque de Mazzucato es el único que explica con evidencia cómo la innovación tecnológica es, históricamente, el elemento detrás del éxito industrial de las potencias económicas.
Ciertos aspectos del PM, la participación de Mazzucato y el interés en instrumentar una política industrial son, definitivamente, un paso adelante. Considerar abiertamente la instrumentación de una política industrial representa un punto de inflexión importante, sobre todo porque las reformas estructurales de los ochenta y noventa relegaron el uso de estas estrategias.
Sin embargo, el PM enfrenta serios obstáculos internos de tipo económico, político y de inseguridad que el gobierno anterior heredó al actual. La desbordada corrupción, el abuso de poder y la abrumadora violencia que sufre la población frustran la adecuada aplicación de las estrategias e inhiben la atracción de inversiones. Además, deterioran la confianza en las instituciones y el bienestar y la tranquilidad de la sociedad.
En lo económico, el problema radica en el legado de la política de austeridad, fruto de una visión macroeconómica errónea. Los impactos de esta visión fueron devastadores, como lo que sucedió en la salud pública y el medio ambiente. Asimismo, esta política desmanteló instituciones, dejando a las existentes con pocas capacidades técnicas y financieras.
Por si no fuera suficiente, las exigencias de seguridad del gobierno estadounidense al mexicano son otra variable en el tablero. Cada vez más, las presiones del gobierno de Trump aumentan para que México tome acciones contundentes en ese sentido.
El Plan México, la implementación de una verdadera política industrial integral u otras medidas que legítimamente busquen recomponer el rumbo, darán los resultados esperados solo si están completamente divorciadas de la estructura heredada por la pasada administración. El actual gobierno requiere urgentemente de una plataforma diferente que permita el pleno desarrollo del país.
