El 22 de mayo de este 2025 el décimo Tribunal Colegiado en materia penal de Ciudad de México resolvió validar la “verdad histórica” sobre la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, concluyendo que no hay elementos para sostener que se haya fraguado una conspiración de funcionarios de la extinta PGR ni está acreditada cualquier otra versión a la de Jesús Murillo Karam poco más de tres meses después del múltiple homicidio y que luego corroboró, corrigió y amplió la Oficina Especial del caso Iguala de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Alejandro Encinas, ex subsecretario de Derechos Humanos, en su recuento del reciente viernes en El Universal, omitió la decisión de ese Tribunal avalando que los estudiantes fueron asesinados y sus restos quemados en el muladar de Cocula y tirados al río San Juan.
El martes en Ginebra, Suiza, durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde la presidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Gabriella Citroni, había presentado su informe y documentado 355 casos pendientes de resolver en México, la representación mexicana presumió “alta prioridad” en la búsqueda de desaparecidos: afirmó que la estrategia opera desde 2023; que se han ampliado las capacidades técnicas y reforzado “la identificación humana”, y aseguró que el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene “la convicción de que verdad, justicia y memoria son pilares esenciales” para que el delito de desaparición no se repita.
Vaya descaro.
¿Cómo pueden creerse tales aseveraciones cuando ni siquiera han sido capaces de hacer un simple envío de un paquete a Austria?
Baste uno de los 355 casos (52 mil desapariciones con López Obrador en la Presidencia: casi la mitad de las contabilizadas desde 1977) para confirmar que el primero y segundo pisos de la “transformación” se han negado ¡por siete años! a enviar a la Universidad de Innsbruck los 114 restos óseos propuestos en la Recomendación de la CNDH sobre Los 43 para su análisis genético y consecuente “identificación humana”.
En vísperas del décimo primer aniversario del estrujante suceso me comprometí a ocuparme del lucro, los mitos, los fracasos y los pendientes de la tragedia.
Por hoy adelanto que el principal beneficiario de la desgracia fue López Obrador, quien desde 2014 usó el caso y el de la casa blanca para promoverse y alzarse con la Presidencia de la República.
Otro es Vidulfo Rosales, del Centro Tlachinollan, quien ya dijo adiós a la causa para ser “secretario de estudio y cuenta” en la coordinación de asesores del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz; y uno más, Felipe de la Cruz, vocero ahora de uno de los dos grupos de padres (terminaron divididos) y antes portavoz (junto con Vidulfo) de todos, quien jugó por la precandidatura a diputado por Morena, pero el partido prefirió a un líder de la normal rural relacionado con Los Rojos, enemigos de la narcobanda homicida Guerreros Unidos…
