El sur del Área Metropolitana de Guadalajara es la radiografía de lo que ocurre cuando el mercado inmobiliario dicta las reglas, y las autoridades municipales renuncian a gobernar y ordenar el territorio. La franja sur de López Mateos se convirtió en sinónimo de expansión desordenada, asentamientos irregulares y fraccionamientos que crecen sin servicios, sin movilidad y sin planeación.
En los últimos diez años, por ejemplo, Tlajomulco registró un crecimiento de más del 30%. Su territorio se llenó de fraccionamientos al norte del municipio y cerca del aeropuerto. Pero no llegaron con escuelas, hospitales ni transporte masivo; no, llegaron con la lógica de vender casas y trasladar el precio real de la urbanización a las familias que ahí habitan. Esa es la marca de fábrica de la especulación; privatizar las ganancias y socializar los costos.
El resultado está a la vista. López Mateos Sur es un corredor donde el automóvil es la única opción, y donde el tránsito vehicular es una pesadilla cotidiana. El Observatorio de Ciudades del Tec de Monterrey ha documentado cómo esta zona concentra la mayor población con el menor acceso a empleos cercanos, generando lo que llaman “seudo centralidades”. Es decir, espacios de consumo y vivienda que no integran a la población, sino que fragmentan la ciudad. Es la antítesis de la llamada “ciudad de 15 minutos”. Aquí porpiciaron un modelo donde todo queda lejos, donde se depende de traslados interminables y donde se paga con horas de vida perdida en el tráfico el costo de haber permitido que el ladrillo, se impusiera al sentido común.
El problema es estructural. Los planes parciales y el Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano (POTMet) insisten en la necesidad de un modelo policéntrico, con acceso a servicios, espacios verdes y transporte. Pero estos diagnósticos suelen quedarse en papel. En la práctica, los ayuntamientos han preferido ahorrarse la dotación de servicios y permitir que el mercado inmobiliario avance como fuerza autónoma, alentado además por la expectativa de recaudación vía licencias y predial.
Incluso, cuando de manera excepcional, un municipio se atreve a poner límites al crecimiento desbordado —ya sea frenando fraccionamientos masivos o torres verticales en zonas prohibidas—, entra en escena el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), el enemigo número uno de la ciudad, para hacer el “trabajo sucio” de revertir las decisiones de las autoridades municipales y convertir en legal lo que la planeación urbana y la normatividad expresamente prohíben. No importa que existan planes parciales, ordenamientos territoriales o decretos de conservación, una sentencia del TJA basta para autorizar lo que el uso del suelo no permite.
Este patrón revela una doble captura institucional; por un lado, los ayuntamientos que, en muchos casos, simulan defender a la ciudad mientras litigan con defensas débiles o deliberadamente omiten información; y por el otro, un tribunal que se comporta como aliado de los desarrolladores, asegurando que el negocio inmobiliario prospere en contra del interés colectivo. Así, lo que debería ser un contrapeso de legalidad, se transformó en el instrumento que dinamita cualquier intento de planeación, degradando el sentido mismo de la justicia urbana.
Hoy, el costo ambiental es tan grave como el social. La expansión al sur implicó la pérdida de áreas verdes, zonas de recuperación ecológica y parte del patrimonio edificado de Guadalajara y Zapopan. No solo se fragmenta la ciudad, se degrada también el ecosistema que la sostiene. El crecimiento de fraccionamientos cerrados ha convertido lo verde y lo recreativo en un privilegio exclusivo, mientras que los bienes comunes —aire limpio, agua, movilidad— se deterioran, ahí sí, para todos.
El sur de la ciudad está colapsado porque la planeación urbana fue sustituida por la especulación inmobiliaria. Las torres de departamentos y los fraccionamientos horizontales son el síntoma de un mal mayor, de la renuncia de los gobiernos a defender el interés público. El sur del AMG es el espejo del futuro que aguarda al resto, si no se corrige ya el rumbo. Una ciudad expandida, fragmentada y cada vez más desigual, donde los derechos colectivos valen menos, que la plusvalía de un terreno.
