En Guadalajara, la Plaza Bicentenario, del Centro Cultural Universitario, se convirtió en escenario de otro de los episodios más reveladores de la gira presidencial de la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria federal eligió este espacio para rendir cuentas a la nación, en lo que ella misma definió como un ‘acto institucional’, más allá de banderas partidistas o coyunturas locales. Sin embargo, el ambiente estuvo marcado por irrupciones de los asistentes, lo que obligó a la presidenta a intervenir con firmeza: “Vamos a respetar; de lo contrario, mejor nos vamos todos”. La advertencia no sólo contuvo la tensión de forma efectiva en el recinto, también dejó un mensaje de fondo sobre la autoridad de la mandataria con su público.
Lo sucedido en Guadalajara no fue un hecho aislado. Apenas un día antes, en Chihuahua, la gobernadora panista María Eugenia Campos tampoco tomó la palabra durante el informe presidencial, tras un entorno hostil hacia su figura. En ambos casos, se trató de estados gobernados por la oposición. La diferencia es que, en Jalisco, Sheinbaum defendió explícitamente el carácter institucional del evento, y al gobernador Pablo Lemus, con límites claros a los asistentes, cuando pretendieron convertir la rendición de cuentas en un campo de batalla política.
El gesto de la presidenta es relevante. Por un lado, reafirma su papel como jefa de Estado, no sólo como líder partidista. Al exigir respeto hacia un gobernador emanado de la oposición, Sheinbaum mostró que el espacio institucional pertenece a la República, no a la militancia. Por otro lado, consolidó su autoridad frente a públicos adversos, en un ejercicio de control político que le permite proyectar gobernabilidad, incluso en territorios donde Morena no tiene hegemonía.
Este episodio deja entrever una lógica que se repite. En los estados gobernados por fuerzas opositoras, el margen de acción de los mandatarios locales en los informes presidenciales se ha visto disminuido. El mensaje queda claro, el relato de la transformación no será compartido ni negociado en escenarios públicos; será conducido, de principio a fin, por la presidenta de la República.
La presidenta, al llamar al respeto, se posicionó no sólo como mediadora, sino como garante del orden institucional. En otras palabras, estableció que la legitimidad del acto no reside en las simpatías o animadversiones hacia los gobernadores, sino en la presencia de la jefa del Estado mexicano.
Al final, la escena de Guadalajara muestra cómo la presidenta Sheinbaum busca construir un relato en el que la unidad y el respeto institucional prevalezcan sobre las divisiones partidistas. Pero también evidencia el estilo de conducción que perfila su sexenio; uno en el que la voz presidencial domina los actos públicos, acotando los márgenes de disidencia y reafirmando la supremacía de la figura presidencial.
