Moisés Butze
“Política es tiempo” suele decir el presidente López Obrador. La frase se puede leer de varias maneras: la —buena— política es una labor de paciencia, y sobre todo, de oportunidad. Y también es una advertencia de que en política, las cosas que coinciden en el tiempo no suelen ser producto de la casualidad.
Pero el tiempo de la política no es el mismo que el tiempo de las noticias. Las noticias bullen, apresuradas por las demandas del mercado, de la audiencia, de la tradición: son los eventos del día, del medio día, de la hora, de este minuto. La unidad de tiempo noticioso fue cambiando a medida que cambiaron el medio y el mensajero: del laborioso rotativo impreso a la página digital y de ésta a las redes sociales, donde cada usuario es un reportero en potencia. Y cada vez el tiempo de la noticia se fue haciendo más breve y los acontecimientos más inmediatos. El tiempo noticioso nos causa la falsa impresión de que los eventos coinciden solo con los que les son contiguos, cuando en la realidad las conexiones se dan en lapsos más amplios, porque lo que ordena los eventos no es el tiempo, sino la manera de relatarlos. Tomemos como un ejemplo el mes de agosto.
El mes comenzó con el anuncio de tres investigaciones de la Fiscalía General de la República en contra de Enrique Peña Nieto, una de ellas por denuncias que involucran a la empresa OHL, otra más por una denuncia de lavado de dinero y transferencias ilegales, interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera, y una más por enriquecimiento ilícito.
Entrando a la segunda semana del mes, el presidente López Obrador anunció su determinación de pasar el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sabiendo que será imposible obtener la mayoría calificada que requiere para un cambio constitucional, anunció que explorará otras vías, desde el decreto hasta la reforma de ley, de modo que se plasme en el papel lo que en los hechos ya es una realidad, y la Guardia Nacional pase de ser una estructura militar con mando civil a integrarse de lleno en la Sedena.
El tema ha causado una justificada controversia. El Presidente aduce razones de hecho. Una de ellas es que en sexenios pasados la Policía Federal se corrompió en manos de jefes como Genaro García Luna, ahora bajo proceso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Pero eso no ha sido suficiente para convencer de que bajo un mando militar cualquier fuerza de seguridad estará a salvo de la corrupción o del deterioro institucional.
Es bien sabido —y frecuentemente criticado— que el Presidente se ha empeñado en cederles a las Fuerzas Armadas un ámbito de influencia cada vez mayor. Algunos se preguntan cuáles serán los motivos reales para darles al Ejército y la Marina tanta confianza y con ella tanto poder. En parte, el desconcierto que generan estas decisiones se debe a que en el proyecto de AMLO no figuraba claramente el papel que desempeñarían las Fuerzas Armadas durante su administración —y allende su sexenio—, sino que éste se fue revelando poco a poco a medida que los demás proyectos, especialmente los de infraestructura, se fueron poniendo en marcha.
El suceso más relevante del mes, sin duda, ha sido el del informe presentado por la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia sobre el caso Ayotzinapa el jueves 18 de agosto. En él se califican los hechos como un “crimen de Estado”, se contrastan con la verdad histórica fraguada por la PGR de Peña Nieto y se confirma la responsabilidad del Ejército en la desaparición de los estudiantes.
Para garantizar que el informe no es solo un documento, sino que entraña la voluntad de encontrar a los responsables, el ex procurador General de la República Jesús Murillo Karam fue detenido la tarde del 19 de agosto. Además, se giraron 20 órdenes de aprehensión contra elementos del Ejército y otras 63 contra miembros de la delincuencia organizada, autoridades administrativas y judiciales, y elementos de policías municipales y estatales de Guerrero.
Esa misma noche, Rosario Robles abandonó el penal de Santa Martha, donde estaba en prisión preventiva enfrentando un proceso por ejercicio indebido del servicio público, relacionado con el desvío millonario de fondos conocido como “La estafa maestra”. Que las dos cosas sucedieran la misma noche, pensaron algunos, no podría ser coincidencia, y trataron de vincular “la liberación” de Rosario Robles (que en realidad no es otra cosa que un cambio de medidas cautelares) con la detención del extitular de la PGR.
Aunque las razones para que Robles espere su sentencia en arresto domiciliario no sean del todo claras, lo más lógico sería que la decisión no tenga nada que ver con la detención de Murillo Karam, y en cambio esté vinculada con las investigaciones anunciadas a inicios del mes por la FGR contra Enrique Peña Nieto —mismas que unos días después, en el trajín noticioso, cayeron en el olvido.
Por otro lado, las razones de López Obrador para llevar una relación tan cercana con las Fuerzas Armadas se explican mejor cuando vemos que tanto el informe de la CoVAJ como el que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en marzo de este año sobre el caso Ayotzinapa no pudieron realizarse sin la cooperación de mandos militares que debieron permitir el acceso a sus archivos y abrir las puertas de sus cuarteles para que se realizaran las investigaciones.
Parecería también más lógico encontrar ahí —a la vista de todos, como la carta robada del cuento de Poe— la bisagra de las negociaciones entre López Obrador y el Ejército. A fin de cuentas, si bien AMLO no solía hablar del Ejército en campaña, su promesa de resolver el caso de Ayotzinapa ha sido una de sus más altas banderas.
Violeta Vázquez-Rojas
@violetavr
