Se ha presentado en estos primeros días del año 2025, el proyecto federal de desarrollo económico para el presente sexenio.
El objetivo del “Plan México” es superar posición dentro de las economías del mundo pues según el Fondo Monetario Internacional, está colocado en la décima posición después de subir del nivel 16, mediante la convocatoria a invertir desde cualquier lugar dentro o fuera del país , apoyar a las pequeñas y medianas empresas y promover que el consumidor prefiera hacerlo con productos del país.
Como se dice popularmente, “los planes suenan muy bonitos pero la realidad los baja de las nubes”. En primer lugar, desde hace seis años los inversionistas se han desanimado y algunos de los que estaban activos, se han retirado, según datos de la Secretaría de Hacienda.
De 2023 a 2024, las nuevas inversiones se redujeron en 45.6%. La razón es que todo inversionista busca el mayor éxito en su aportación y ésta se basa en parte en la certeza jurídica, la cual se ha debilitado desde que los legisladores votaron por una reforma que ha significado la pérdida de independencia judicial, ante la perspectiva de ser electos por el voto popular.
Otro factor para invertir es encontrar la seguridad pública que se alimenta de la vigencia de un estado de derecho que frene el incremento del crimen; en este renglón para las empresas implicó según el Inegi, afectación por 124 mil 300 millones de pesos.
Ahora bien, el consumidor de cualquier país democrático y globalizado, puede oír pero no seguir la recomendación oficial de comprar lo que se produce aquí: el consumidor busca accesibilidad al producto, calidad y precio en el mercado legal .
Al respecto, los inversionistas y empresarios en general, preguntarían si los legisladores están en condiciones de reconocer que las reformas constitucionales y legales que han aprobado desde septiembre del 2024, afectan las perspectivas de inversión … y si asumirá su responsabilidad ética y política.
