Antonio Herman Benjamín, presidente del Instituto Judicial Mundial del Ambiente, hizo un enérgico llamado a las Supremas Cortes de Justicia en el mundo. Específicamente, hacia un tema que ya no puede posponerse: la justicia hídrica. Dijo que los países están lejos de alcanzar los objetivos establecidos por la “Declaración Judicial de Brasilia sobre Justicia Hídrica”.
El acuerdo se enfoca, a través de la implementación de nuevos marcos legales, en detener y revertir la crisis hídrica mundial. La declaración tiene los objetivos de eliminar las desigualdades que imposibilitan a la población beneficiarse de la provisión de agua segura, asequible, y suficiente. Además, considera la importancia de combatir el cambio climático y garantizar a la sociedad actual y futura sus derechos básicos como el derecho a la vida y a vivirla bajo un medio ambiente sano.
En este sentido, Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, señala que la declaración es un punto de referencia para detener la crisis hídrica global. Establece que cada Corte y Tribunal en el mundo debe juzgar con perspectiva de justicia hídrica. Lo que significa que esta visión debe convertirse en una función inherente a los procesos e instrumentos de todas las instituciones judiciales.
En su participación en la Conferencia del Agua de la ONU 2023, ella hizo una urgente convocatoria. En particular, llamó a materializar los principios del Acuerdo de Brasilia. Mencionó que cada decisión judicial debe regirse bajo dichos ejes. Por ejemplo, indicó que se “debe hacer valer el interés público implícito en el uso sustentable, la conservación, y la restauración de los recursos hídricos, por encima del interés privado o de cualquier otro interés contrario al bien mayor a los derechos colectivos y de la naturaleza que dependen del agua segura y suficiente, con un enfoque de justicia intergeneracional”.
Expresó que es fundamental “reconocer la función ecológica que debe cumplir el uso de la propiedad cuando se adjudiquen casos en los que se requiera imponer modalidades al uso del suelo. Con el propósito de defender la integridad de los ecosistemas hídricos y cuando sea necesario, obligar a su restauración”.
Convocó a ser inflexibles al exigir que en cada actividad donde puedan afectarse ecosistemas hídricos, se realicen estrictas evaluaciones de impacto ambiental. Exigió que “en cada decisión y revisión judicial, exista un rigor muy alto al estándar de la mejor información disponible para que la incertidumbre y la carga de la prueba nunca se argumenten en contra de la justicia hídrica y climática”.
Finalmente, aseveró que “la injustica hídrica, y la destrucción de los ecosistemas y sus servicios ambientales lleva implícitamente una derrota demoledora en la búsqueda por lograr sociedades incluyentes, justas, y sustentables”.
Las declaraciones de la ministra Norma Piña son trascendentales a la luz del deterioro económico, social, político, y ambiental que experimenta México. Demuestran que el Poder Judicial Federal busca una participación dinámica y directa en la solución a la problemática nacional y global. ¡Es una gran noticia!
