Una amenaza se cierne sobre el proceso electoral en curso: el de la violencia política electoral. El riesgo no solo es sobre los aspirantes a precandidatos y candidatos, sino que se ahuyente la participación ciudadana en las urnas. En lo que va del presente año 12 políticos han sido asesinados. El Estado mexicano debe desplegar todos los instrumentos a su alcance para evitar que la cifra siga incrementándose. Aunque también políticos y ciudadanos deben denunciar cualquier signo de amenazas, hay presiones o hechos que puedan derivar en un atentado o desenlace fatal. Lo peor que pudiera suceder es que a los electores se les trate de impedir el libre ejercicio de su voluntad.
La violencia es multifactorial y abarca todas las etapas del proceso electoral. Ya el INE aprobó un Plan de Seguridad para Candidatas y Candidatos. Sin embargo, este solo aplicará para las personas candidatas a la Presidencia de la República, al Senado, a la Cámara de Diputados y a las titularidades del Poder Ejecutivo en las nueve entidades federativas. Fuera de protección federal quedan 19 mil 729 cargos locales: mil 098 diputaciones locales; mil 802 Presidencias Municipales; 14 mil 423 regidurías; mil 975 sindicaturas y 431 órganos auxiliares. Si eso lo multiplicamos al menos por tres, estamos hablando de casi 60 mil candidatos susceptibles de protección por las policías estatales, que en todo el país tan solo ascienden a 222 mil 727 elementos.
Aunado al reducido personal, otro problema es lo burocrático o engorroso que puede ser requerir protección: el solicitante debe primero plantearlo a la dirigencia de su partido; luego esta debe instruir a su representante ante el organismo electoral, que deberá presentarlo en sesión de su Consejo General; aprobado ahí, la Presidencia del organismo lo plantea a la Secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, cuyo titular lo presenta a la Mesa de Seguridad y lo hace del conocimiento del Ejército y la Marina. En los estados el procedimiento es similar, con la salvedad que el titular del organismo electoral lo hace del conocimiento del Secretario General de Gobierno, quien a su vez solicita la protección al responsable de Seguridad pública en la entidad de que se trate. Puede ser que entre que corre todo ese trámite el solicitante ya pudo haber sido víctima de una agresión.
¿Qué no sería más efectivo que en los municipios de muy alto riesgo a los candidatos se les dote de un botón de pánico?
