Los triunfos electorales no son asunto estrictamente cuantitativo, sino esencialmente cualitativo. Es intención del presente escrito ubicar en su justa dimensión las irregularidades ocurridas, evitando normalizarlas o minimizarlas, para luego no aplicar de manera sistemática el argumento del PAN en 1988: “la legitimidad de origen de un gobernante puede restituirse por sus decisiones en el ejercicio del poder”. Por eso resulta imperativo saber por qué existieron y se permitieron las siguientes conductas atípicas:
1.- Al menos desde 1976, nunca se había visto que un candidato, pasadas las seis de la tarde, saliera no solo a proclamar su triunfo, sino a establecer el porcentaje de votos con que había triunfado (empezó en 20 puntos y días después terminó en siete); mismo que –con ligeros ajustes-, terminó haciendo suyos la autoridad electoral, en vez de que fuera al revés. “Eso no lo hizo ni Obama”, y fue un lujo que en el viejo sistema priista ni siquiera López Portillo o Salinas se dieron, mucho menos un candidato a gobernador, ante el silencio absoluto de las autoridades electorales o de su partido
2.-Y nunca, después de la reforma electoral de 1990, se había visto que un organismo electoral local nos regresara a las épocas de Bartlett en la Comisión Federal Electoral, o a las de Ramiro Acosta Castillo en el organismo electoral jalisciense. Si en 1988 fue la “caída del sistema”, ahora fue la “caída” del PREP: Inició casi tres horas tarde, y se “congeló”en el 63.56% de actas contabilizadas. El PREP se cayó y calló; y el IEPC sigue sin poder desagregar los votos por partido, cuando en el INE se puede consultar el voto hasta por calle. En las sesiones de cómputo distritales y municipales llegaban paquetes electorales con actas llenadas y sin boletas; o vacíos (sin actas ni boletas), al tiempo que en los Consejos Distritales del INE aparecían boletas de la elección local, mayormente de la de Gobernador.
3.-Si las autoridades electorales hicieron o permitieron eso “de buena fe” para “ayudar” al candidato (terminaron perjudicándolo), o para impedir el triunfo de una opción política considerada perniciosa, eso nos pasaría del fraude patriótico nacional (de Chihuahua en 1986), al fraude democrático electoral.
4.- La reforma de 2014 supuso que la independencia de los organismos electorales se garantizaba nombrando sus autoridades por órganos nacionales y pasándoles la nómina a los gobiernos estatales, olvidando la regla de que “el que paga manda”. Lo ocurrido en Jalisco viene a dar la razón a la propuesta de desaparecerlos.
