Vistos los resultados, ya es hora de cambiar las reglas del juego. En México, 55 de cada 100 personas nacidas en hogares con menos recursos económicos quedan atrapadas en la misma condición. El dato es brutal: en el sur del país, la cifra llega al 64 %, mientras que en el norte baja al 37 %. En la región centro, donde se ubica Puebla junto con Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala, el porcentaje es de 41 %.
El Informe de Movilidad Social en México 2025, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), lo dice sin rodeos: en la zona centro, 41 de cada 100 personas que nacieron en desventaja económica tienen menos posibilidades de experimentar movilidad social ascendente. La condición de pobreza, lejos de ser un accidente, se ha convertido en un legado.
¿Pero qué es, al fin y al cabo, la movilidad social? El concepto es sencillo: se trata de que una persona logre un nivel de ingreso o de estudios superior al de sus padres. Algo que, según se repite como mantra, se consigue a fuerza de “echarle ganas”. La realidad, sin embargo, demuestra lo contrario.
En la región centro, apenas 10 de cada 100 personas cuyos padres llegaron a la primaria lograron cursar estudios profesionales. En la región sur, son 8 de cada 100; en el norte-occidente, apenas 7. Lo que salta a la vista es el peso de las circunstancias de origen: en el centro, el 38 % de la desigualdad de ingreso se explica por el punto de partida (los recursos y la educación de los padres). A nivel nacional, la cifra es peor: 48 %.
Los números desnudan una verdad incómoda. No es suficiente el esfuerzo individual. No basta el mérito. La creencia de que los nacidos en la base de la pirámide pueden subir por el simple hecho de quererlo es, en el mejor de los casos, ingenua. En el peor es la coartada perfecta para mantener el statu quo.
La movilidad social en México, y en particular en su zona centro, sigue siendo una carrera cuesta arriba para millones. Cambiar esta realidad exige políticas decididas, inversión en educación, en infraestructura, en mecanismos que garanticen igualdad de oportunidades. Porque no, el origen no debería ser el destino.
Al margen
En 2017 el Órgano Interno de Control (OIC) del IMSS ordenó a la delegación en Puebla reponer el procedimiento a través del cual se licitó el Servicio Integral de Diálisis Peritoneal Automatizada. En ese entonces el delegado era Enrique Doger Guerrero, sobre quien pesó la sospecha de amaño para beneficiar a la farmacéutica Baxter con un contrato de 41.1 millones de pesos.
Esta semana, ya en 2025, otra vez le tocó perder a los pacientes: en el Hospital General del Sur de Puebla se suspendió el servicio de hemodiálisis tras el término del contrato entre el gobierno federal y la empresa Zdenko. Quedaron sin atención alrededor de 144 pacientes renales.
Hay diferencias, sí. Lo que no se entiende es que sean los enfermos, los que necesitan ayuda, los más perjudicados. ¿Hasta cuándo seguirán pagando los que menos tienen por los errores —o las omisiones— de quienes deciden?
