El panorama financiero del IPEJAL es sombrío. De acuerdo con un estudio actuarial realizado en 2024, la disponibilidad de recursos alcanzará solo hasta 2030, salvo que se implementen medidas extraordinarias para extender su vida hasta 2036. Sin embargo, este escenario optimista dependería de decisiones estratégicas como la adhesión de más municipios al sistema y el manejo eficiente de los inmuebles propiedad del instituto. En contraste, la realidad actual muestra que los ingresos regulares no son suficientes para cubrir las obligaciones del organismo, y el fondo depende de los intereses generados por sus reservas para subsistir.
Decisiones como la creación de nuevas plazas directivas y el incremento de sueldos para directivos de Ipejal, no hacen más que agravar esta situación. En palabras de José Ángel Rodríguez Valdez, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Jalisco (FESIJAL), esta política salarial implica un gasto anual superior a los 7 millones de pesos, recursos que deberían destinarse a fortalecer el fondo de pensiones y garantizar su sostenibilidad. La FESIJAL ha exigido la cancelación de estas plazas, la suspensión de los aumentos salariales y la realización de una auditoría externa que esclarezca el uso de los recursos.
En medio de esta controversia, la intervención del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha sido clave. El mandatario exigió al Consejo Directivo del IPEJAL revertir estas decisiones, calificándolas como “excesos” que el estado no puede permitirse. El incremento salarial y la creación de nuevas plazas directivas en el IPEJAL son decisiones que privilegian a una élite administrativa a costa de la estabilidad financiera del fondo de pensiones.
El gobernador Pablo Lemus tiene la oportunidad de marcar un precedente al frenar estos excesos y exigir una rendición de cuentas transparente. No es momento de concesiones ni de intereses particulares; es tiempo de actuar con responsabilidad para preservar una institución que, de seguir este rumbo, enfrentará la insolvencia en el corto plazo. Los trabajadores y jubilados de Jalisco merecen un IPEJAL sólido y comprometido con su misión, no una administración que priorice intereses particulares sobre el bienestar colectivo.
