La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, ordenó separar de sus funciones y presentar cargos en contra de una funcionaria que fungía como fiscal territorial de la Cuauhtémoc, una de las de mayor carga de trabajo de la capital, y de tres agentes más.
Lo anterior, luego de que investigaciones internas preliminares confirmaron la existencia de presuntos hechos de corrupción graves de dichos funcionarios, entre ellos la exigencia de sobornos y la manipulación de expedientes.

Los implicados, de acuerdo con datos a los que MILENIO tuvo acceso son Martha Karina Reyes Gutiérrez, Coordinadora A en funciones de Fiscal de Territorial de Cuauhtémoc; Gabriela Camacho Castro e Inés Martínez Peña, agentes del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 8; Jesús Alejandro Gutiérrez Jiménez, responsable de la referida agencia; y Jesús Díaz Navarro, particular de la Fiscal.
El caso en contra de todos estos funcionarios inició a partir de las denuncias que recibió la Unidad de Asuntos Internos de la FGJ, en los que se alertaba de prácticas irregulares en una agencias que además de ubicarse en una zona de alta densidad demográfica, en la colonia Obrera, también es un punto de atención de casos de violencia de género.
Las indagatorias internas confirmaron la existencia de situaciones graves que van desde la solicitud de dádivas a cambio de judicializar carpetas o agilizar actuaciones; el uso indebido de información y manipulación de expedientes; y el condicionamiento de diligencias y trámites procesales.
Tras verificar la evidencia inicial, la fiscal General autorizó el inicio de procedimientos administrativos disciplinarios y aplicación de suspensiones precautorias el pasado 17 de septiembre. A su vez se dio vista a la Fiscalía de Servidores Públicos para la integración de las carpetas correspondientes, y la solicitud de órdenes de aprehensión en los casos que corresponda.
Cabe señalar que previo a que se diera esta destitución, la fiscal Reyes Gutiérrez ya acarreaba diversas quejas y reportes ciudadanos sobre posibles abusos y malos tratos de parte de la hoy exfiscal hacia personal a su cargo; revictimización de personas que acudían a denunciar delitos ante los agentes a su cargo; entre otros.
Atención digna; corrupción no tolerada
De acuerdo con autoridades de la FGJ, tras los hechos ocurridos en este caso la titular de la institución, Bertha Alcalde pidió transmitir a todo el personal que no habrá ningún tipo de tolerancia a hechos de corrupción, y que se procederá legalmente a través de todas las vías que correspondan en contra de lo que incurran en hechos irregulares.
En un posicionamiento solicitado por este medio la Fiscalía pidió recordar a los ciudadanos que todas las denuncias se investigan y se sancionan conforme a derecho. Las y los ciudadanos tienen derecho a recibir una atención gratuita, digna y transparente. Si alguien les exige dinero para realizar trámites o avanzar en sus carpetas, pueden denunciarlo de inmediato ante la Unidad de Asuntos Internos.
“Con la implementación de estos pasos conducentes, se están obteniendo resultados firmes y tangibles que permiten fortalecer la labor institucional, recobrando la confianza ciudadana. Asimismo, estas acciones generan un vínculo de mayor cercanía y credibilidad tanto con el gremio de las y los abogados, como con la sociedad en general, reafirmando el compromiso de la institución con la legalidad, la justicia y la transparencia”, indicó la institución.
CHZ