Como se veía venir, la semana pasada en la Cámara de Diputados, el bloque oficialista y aliados, aprobaron reformas a las leyes de adquisiciones y de obra pública, para dar paso a la legalización de la corrupción que les distingue desde hace 7 años.
Ahora resulta, que bajo la premisa de “combatir la corrupción”, la Presidente Sheinbaum presentó iniciativas para dizque eficientar la contratación de obras públicas y las adquisiciones del gobierno federal, dando paso a la opacidad, a la discrecionalidad y a la falta de vigilancia y supervisión.
Les cuento. Primero desaparece el INAI que era el encargado de garantizar el derecho de acceso a la información (y la protección de datos personales). Información sobre el actuar del gobierno, para que cada persona interesada en conocer el destino de SU dinero (que son los impuestos de todos los mexicanos), pudiera encontrar datos para evaluar la función pública. Y claro que es relevante saber cuánto se gastó, en qué acción y bajo la responsabilidad de quién. Cabe señalar que la ley (que ahora es inservible) establecía mecanismos de control y evaluación para que todo contrato público, primero, sea publicado en diversas plataformas, pueda ser auditado y conocido por todos, así como las licitaciones que les dieron origen y, con ello, poder identificar actos de corrupción y proceder al castigo debido.
Pero al gobierno guinda, como buen gobierno de izquierda, no le gusta que sus transas se sepan y requieren del control total de las funciones estatales; por eso, desmantelaron al poder judicial y a los autónomos, se arrogan las funciones de estos últimos pulverizando la información, dejando los principios constitucionales de transparencia a un lado y, con total discrecionalidad, decidiendo qué información publicarán o entregarán ante una petición ciudadana, y qué información clasificarán como ”seguridad nacional” para que no se sepan sus colusiones y corruptelas.
Con las últimas reformas, queda anticipadamente la exclusión de hacer públicos los contratos celebrados por el ejército, por Pemex y por CFE,… el chiste se cuenta solo.
Y no contentos con eso, establecen el “diálogo estratégico” previo al lanzamiento de las licitaciones, para reunirse con los proveedores, es decir, colusión. Se pondrán de acuerdo primero y, con el que convenga más a sus bolsillos (no al beneficio de las familias mexicanas), adjudicarán directamente, para mantener su insano récord del 70 por ciento de adjudicaciones directas.
Finalmente, desaparece CompraNet, y con esa plataforma, más de 2 millones de contratos públicos celebrados en los últimos 15 años por los gobiernos federales. Así, desaparecen las evidencias de la corrupción cometida en el sexenio de López Obrador (y este): el tiradero de dinero en la refinería y el AIFA, la estafa de Segalmex, la casa gris y los respiradores de Bartlett Jr., por mencionar algunos.
