El viernes pasado la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la desaparición de 7 órganos autónomos constitucionales.
Y verdaderamente se trata de una tragedia en el sentido de que esta reforma, al igual que la reforma al Poder Judicial, tiene una gran repercusión en los derechos humanos de todos los mexicanos.
Esta reforma responde a la necesidad del actual gobierno, y del que viene, a centralizar todo el poder en manos del titular del Poder Ejecutivo, en el que no haya contrapesos y en el que no existan organismos que puedan dar a conocer información del gobierno.
Es imposible creer, por ejemplo, que las funciones que actualmente desempeña el Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) las realizará, de manera similar, la Secretaría de la Función Pública, que es una rama de la administración centralizada sujeta a las órdenes del presidente de la República.
Y es que precisamente la creación de estos organismos autónomos que hoy se pretende desaparecer tuvo como objetivo que las atribuciones que tienen conferidas fueran realizadas fuera de la esfera de poder de la administración central, es decir, sin presiones de orden jerárquico o políticas.
Resulta imposible creer, también, que el propio gobierno, a través de la Secretaría de la Función Pública, dé a conocer información que lleve a los investigadores a descubrir grandes casos de corrupción, tal y como precisamente ya ha ocurrido en sexenios anteriores.
Es en este punto en el que encontramos la necesidad de contar con estos organismos constitucionales autónomos, ya que, se constituyen en un medio para acceder al derecho humano a conocer la verdad sobre todos los asuntos del gobierno, al menos el caso que se pone como ejemplo; son, también, un medio para defender nuestro derecho a acceder a la información gubernamental en los casos en que ésta se niegue y, también, son la autoridad garante de nuestro derecho de protección de nuestros datos personales.
Lo mismo pasa con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, máxime si se piensa en el número de personas que se encuentran en la pobreza; sin este, organismo no tendremos información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en nuestro país.
No basta con decir que se gasta mucho en estos organismos como pretexto para desaparecerlos, la realidad es que el partido en el poder no quiere contrapesos, lo que resulta más increíble es que, precisamente, muchos de los actores políticos que hoy están en el gobierno, en el pasado pugnaban por este tipo de organismos.
La tragedia vendrá cuando nuestros socios comerciales dejen de serlo, la tragedia vendrá cuando no tengamos estos organismos como garantes de nuestros derechos, la tragedia la viviremos y padeceremos todos cuando no haya contrapesos y nos encontremos en un estado totalitario. La única solución a esto es la defensa firme y continuada de nuestros derechos.
