Morena llegó al poder con la promesa de transformar las reglas del juego, y en buena medida la reducción dramática en la pobreza muestra que lo está haciendo. Sin embargo, el nuevo modelo económico que promueve el gobierno no está exento de errores ni de riesgos.
Tres aspectos me parecen especialmente preocupantes.
El primero, es una buena idea pero mal ejecutada. La propuesta de sustituir importaciones chinas con producción nacional es, en principio, deseable. Sin embargo, se está implementando sin demandas ambiciosas para los empresarios beneficiarios.
En el marco del Plan México, se han impuesto aranceles a productos chinos para que empresarios mexicanos asuman su producción. El problema es que no se les exige que alcancen estándares de calidad equivalentes, ni se establecen objetivos con plazos y consecuencias –como la eliminación de aranceles– en caso de incumplimiento. En la práctica, se está cometiendo el mismo error que condenó al fracaso a la política industrial de los años sesenta.
Peor aún, no se impulsa la transición hacia bienes de mayor valor agregado. Por el contrario, se subsidia la sustitución de sectores de baja complejidad –como la industria del calzado–, probablemente por su capacidad de presión política.
El segundo aspecto es la negociación comercial con Estados Unidos. En el afán de complacer a Trump y mostrar que la Presidenta es una “gran negociadora”, se está cediendo ante todo tipo de extorsiones con consecuencias muy perversas en el largo plazo.
México está dándole entrada a empresas americanas, cediendo ante farmacéuticas extranjeras, eliminando apoyos que anteriormente beneficiaban a empresas mexicanas y cerrando múltiples caminos que podrían permitir subsidios y apoyos a la creación de nuevos empresarios.
En materia de seguridad, el riesgo es mayor: se está fomentando, de forma indirecta, un ejército de testigos protegidos que mañana podrían fabricar testimonios falsos contra quienes hoy gobiernan.
En el afán de complacer a Trump –y a las élites mexicanas que celebran la ilusión de una negociación estratégica–, se asume erróneamente que las políticas de seguridad de ambos países son compatibles, ignorando que Estados Unidos no dudará en tolerar una crisis de violencia en México si eso mejora, aunque sea mínimamente, su propia seguridad.
El primero, expresado abiertamente por altos funcionarios, es la convicción de que el Poder Judicial Federal podrá ser reemplazado, en los hechos, por tribunales de inversión privados como vía para ofrecer “certeza” a los empresarios.
Esta idea no solo es alarmante: es profundamente miope. Los llamados tribunales de inversión distan de ser espacios neutrales; son foros controlados por abogados privados que, mediante fallos con multas millonarias, han forzado a gobiernos en todo el mundo a reducir impuestos, debilitar protecciones ambientales y desmontar políticas de desarrollo en favor de intereses corporativos.
Darán certeza a los inversionistas, sí, pero lo harán a un costo inaceptable: atarnos las manos para defender el interés público.
No queda duda de que el viejo modelo económico. Sostener salarios bajos en nombre de una supuesta “competitividad” no solo condenó a millones de familias a la pobreza; también profundizó la desigualdad, erosionó el consumo interno y, en el plano político, socavó el sistema de partidos surgido de la transición democrática.
De fondo, los neoliberales se equivocaron apostando al corto plazo. Morena, me temo, podría estar repitiendo una forma distinta del mismo error.
Lo contenido en este texto es publicado por su autora en su carácter exclusivo como profesionista independiente y no refleja las opiniones, políticas o posiciones de otros cargos que desempeña.
