Hace unas semanas en este mismo espacio escribí sobre lo absurdo que resultaba prohibir la venta de vapeadores desde el texto constitucional y cómo se estaba generando un escenario propicio para que el crimen organizado incursionara en su venta y se llevara los beneficios del ahora negocio ilegal.
Han bastado pocas semanas para que surjan los primeros reportes, en donde la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa ya incursionó en la venta de vapeadores en Sinaloa, generando un alza de precios del producto.
Al tiempo que se han presentado ataques hacia comercios que los venden por parte de la Mayiza, la facción rival.
Pero no solo debemos poner atención en el crecimiento del mercado ilegal de vapeadores, sino que los mismos aún son vendidos por el mercado formal, aún cuando se trate de un producto ilegal, y para ello basta darse una vuelta a las tiendas de conveniencia como Oxxo, para constatar que los mismos aún se comercializan o que en centros comerciales sigue habiendo máquinas expendedoras de vapeadores.
Por tanto, la prohibición constitucional es letra muerta, porque a pesar de existir, las empresas y comercios la están incumpliendo todos los días y si bien las autoridades podrían aplicar una política de cero tolerancia, ello al final va a acelerar el proceso de irrupción del crimen organizado en el mercado, porque en el país hay millones de consumidores del producto.
Por ende, estamos frente a una encrucijada, en donde las autoridades van a perder en cualquier escenario, es decir si no aplican la norma, los comercios legales seguirán vendiendo vapeadores, pero si se concentran en hacerla cumplir invariablemente beneficiarán al crimen organizado, de forma que los dos caminos los dejan mal parados.
De tal forma que la única salida coherente es echar para abajo la prohibición constitucional y apostar por programas de concientización de los riesgos de los vapeadores, para reducir su consumo.
Que no se logrará erradicar nunca, pero que ello es mejor que engrosar las arcas del crimen organizado o contar con una norma constitucional que no se respeta.
@victorsanval
