El amparo es, desde hace décadas, la herramienta más importante que tenemos los ciudadanos para defendernos de los abusos de la autoridad. Gracias a él, cualquier persona puede acudir a un juez para detener un acto arbitrario, injusto o inconstitucional. Es, en pocas palabras, el freno más importante que existe frente al poder del Estado.
Hoy, con la reforma que se impulsa a la Ley de Amparo, ese freno corre el riesgo de debilitarse. Los cambios propuestos buscan limitar la posibilidad de que los jueces otorguen suspensiones provisionales y también ponen condiciones más estrictas para que las personas puedan acceder a esta protección. Esto significa que, en muchos casos, un ciudadano afectado tendría que soportar el daño sin poder detenerlo a tiempo.
El argumento de quienes defienden la reforma es que el amparo se usa para frenar proyectos importantes del gobierno y que algunos grupos lo han explotado de manera excesiva. Es cierto que existen abusos, pero la solución no puede ser recortar derechos a todos. La medicina, en este caso, puede ser peor que la enfermedad.
Si la reforma avanza tal como está planteada, quienes se verán más afectados no serán los grandes empresarios ni los grupos de poder, sino las personas más vulnerables: comunidades que defienden su tierra, ciudadanos que sufren detenciones arbitrarias, periodistas, activistas o familias que enfrentan abusos de autoridades locales. Para todos ellos, el amparo es muchas veces la única salida inmediata.
No debemos olvidar que México ha sido un país que se ha definido como constitucional y garantista, es decir, que la Constitución y los derechos están por encima del poder político. Limitar el amparo es, en los hechos, darle más fuerza a la autoridad y dejar más débil al ciudadano.
Lo que realmente necesitamos es un sistema judicial más ágil, jueces con mejores herramientas y sanciones a quienes abusen del amparo, no leyes que lo hagan casi imposible de usar. Reducir derechos nunca es un avance: siempre es un retroceso.
Por eso, la discusión debe abrirse a toda la sociedad. No se trata de un tema exclusivo de abogados o jueces, sino de todos los mexicanos. Porque si dejamos que el Estado tenga más poder sobre nosotros sin mecanismos de defensa, mañana cualquiera puede ser víctima de una injusticia sin tener cómo detenerla.
La reforma al amparo no debe convertirse en una puerta cerrada para los ciudadanos, sino en una oportunidad de fortalecer nuestra democracia. De lo contrario, habremos dado un paso atrás en la defensa de nuestras libertades.
