La izquierda populista desprecia la legalidad porque la percibe como una herramienta de los privilegiados de siempre. O sea, que las leyes no son justas porque fueron hechas para preservar un orden que se desentiende de la desigualdad y las durezas que sobrelleva el pueblo.
De tal manera, la tendencia, aquí y ahora, no es garantizar los derechos de propiedad. Se impone, en los hechos, el credo colectivista de que cualquier persona merece poseer una vivienda. Y así, al dueño de una casa, así sea una muy modesta morada trabajosamente adquirida con un crédito del Infonavit, se le puede despojar tranquilamente de su inmueble si extraños locatarios lo han ocupado a la torera.
Sabemos que el nacionalismo-revolucionario tenía una declarada vocación expropiadora —las grandes haciendas fueron incautadas en su momento para repartirlas de manera muy fragmentada entre campesinos y labriegos: “la tierra es de quien la trabaja”, era la imperativa consigna— y que la oleada confiscatoria, lanzada fervorosamente por el Tata Lázaro Cárdenas, perduró hasta los tiempos de Luis Echeverría (el hombre decretó la expropiación del Valle del Yaqui a manera de gran despedida de su sexenio), por no hablar de que su sucesor nacionalizó, entre bravatas y lloriqueos, el sector bancario y de que al mismísimo Vicente Fox le brotó una muy extraña propensión estatista al confiscar, por “causa de utilidad pública”, 27 ingenios azucareros.
La apropiación de lo ajeno parece entonces ser un elemento consustancial a nuestra cultura, parte de nuestro paisaje. Por eso mismo no se combate a quienes invaden las tierras de otros y por eso es que los dueños enfrentan tanta dejadez al tramitar jurídicamente las reparaciones que debieran corresponderles: la propiedad privada, en México, no es uno de los principios rectores del orden social sino una suerte de pecado a combatir. Nos encontramos, en ese sentido, en el extremo opuesto a los Estados Unidos, el país, paradójicamente, al que tantos y tantos mexicanos han emigrado.
Y, pues sí, tal y como lo consignaba Carlos Marín en su columna de ayer, quienes se hayan aposentado en la casa de un derechohabiente del Infonavit, así sea un inmueble en situación irregular por los incumplimientos del dueño, nunca serán desalojados. Se podrán quedar ahí el tiempo que les venga en gana, aunque tampoco paguen. La cuenta la pagamos todos, eso sí.
