La democracia ha venido ampliando su campo de acción, la llamada democracia participativa, que huele a redundancia, concretaba el dominio y ejercicio de la soberanía que de acuerdo al principio fundamental reside en el pueblo y es entregada a individuos en quien se confía para que actúen conforme a los objetivos y propósitos sociales, dándoles carta blanca, esa se ha desgastado, porque la mayoría anteponía sus intereses personales y particulares a los generales y de la comunidad; así ha desembocado en ejercicios interactivos de la sociedad civil, es decir no partidista, como garantía de que se actuará con transparencia y honestidad, en aras de la gobernabilidad, no siendo suficiente porque se encontraron formas de burlar su fondo, ahora se ofrece ciudadanizar las decisiones de gobierno, es decir, invitar a ocupar cargos a personas ajenas a los partidos, reconociendo así el origen de la podredumbre y aunque se invita a amigos y compadres, se finge hacerlo,
Paralelamente la sociedad ha presionado para que se promulguen leyes que permitan el control o al menos el conocimiento de los procesos de planeación y ejecución de los programas de gobierno, fundamentalmente los de obras públicas y desde luego el ejercicio del presupuesto; entre éstas la ley de planeación, la de transparencia, y la de rendición de cuentas que debieran hacer de dominio público el ejercicio de los dineros.
Pero cuando se instala en el gobierno un grupo que incumple las leyes mencionadas, y con descaro descomunal inicia obras sin consultar las prioridades ciudadanas, las otorga para su ejecución a discreción a sus amigos y parientes, irremediablemente intenta no rendir cuentas y entonces decide reservar esa información bajo pretexto de ser de alto riesgo social y nacional.
Piensan que con ello evitan se investiguen, se conozcan y se publique su contenido y la ciudadanía no pueda fiscalizar la veracidad de los costos impidiendo puedan actuar en consecuencia para demostrar la malversación, el robo y el despilfarro.
Ahora, aparece otra necesidad, eliminar todo posible castigo y para ello es urgente eliminar las leyes vigentes que incumplieron y hacerlo de raíz, así que el objetivo es hacer otra Constitución que permita satisfacer sus ambiciones sin ningún obstáculo.
De nosotros depende impedirlo.
