“Considero (a Ignacio Ovalle) una gente con principios, una gente honesta, no lo considero una gente corrupta… lo traicionaron, (la) gente que venía tiempo atrás con él”.
Esto fue lo que declaró el ex presidente Andrés Manuel López Obrador cuando ya no hubo manera de ocultar el desfalco de Segalmex, la empresa del Estado creada durante su mandato para abastecer de alimentos a bajo precio a las poblaciones más vulnerables, así como para asegurar precios justos para los productores del campo mexicano.
Aunque toda corrupción es detestable, en este tema también hay gradaciones. La peor corrupción es aquella donde se comete un robo contra los más pobres para enriquecer a unos cuantos privilegiados, y justo esto fue lo que ocurrió con Segalmex.
Licencia para robar es un trabajo de la mejor factura y rigor periodístico, firmado por Zedryk Raziel y Georgina Zerega, sobre lo que ambos llaman “el hoyo negro que devoró a la Cuarta Transformación”.
Después de revisar acuciosamente cientos de documentos y realizar varias decenas de entrevistas, estos profesionales de la información reconstruyen buena parte de la trama que permitió a un puñado de funcionarios desviar recursos públicos por un monto que ronda entre los tres mil y los quince mil millones de pesos.
Cuando López Obrador se vio obligado a reconocer que esta iba a ser la peor mancha de corrupción durante su mandato, quiso lavarle la cara a Ignacio Ovalle —quien hubiese sido su mentor y amigo en otros tiempos— asegurando que la corrupción de Segalmex había ocurrido sin que este tuviera responsabilidad.
El texto de Raziel y Zerega desnuda la falsedad de esa declaración: Ovalle no solamente fue parte del entramado corrupto, sino que probablemente urdió la estructura diseñada para el atraco; o para decirlo en los mismos términos del libro, diseñó los vehículos que luego iban a contar con licencia para la impunidad.
Visto en retrospectiva, resulta ingenuo suponer que López Obrador haya creído en la honestidad del hombre a quien encomendó la fundación de Segalmex. Treinta años atrás, este mismo sujeto fue titular de Conasupo, una dependencia que tuvo entonces las mismas misiones de Segalmex y que fue eliminada de la administración pública, entre otras razones, por actos de corrupción a partir de los cuales Ovalle fue sometido a una investigación del Congreso mexicano.
Entre los actos ilegales cometidos en aquella época, destacó la orden de Ovalle para que recursos pertenecientes a la tesorería de Conasupo se invirtieran en instrumentos de riesgo con el supuesto fin de multiplicar las ganancias obtenidas gracias a los intereses.
Igual que en el presente, hace tres décadas ya estaban prohibidas estas operaciones. Los dineros públicos únicamente pueden invertirse en instrumentos gubernamentales, como los certificados de depósito emitidos por la Tesorería de la Federación (CETES), u otros documentos financieros similares.
Sin embargo, Ovalle desobedeció la normativa en las dos ocasiones que tuvo ocasión de hacerlo, cuando fue titular de Conasupo y cuando lo fue de Segalmex. Raziel y Zerega refieren a la existencia de una copia firmada por este sujeto en la cual autoriza, entre 2019 y 2020, al menos una de estas operaciones prohibidas. Por la misma, Manuel Lozano, director de comercialización de Segalmex, revela una orden de Ovalle para que él hiciera desaparecer este documento incriminatorio.
No es este acto contrario a la ley el único cometido por la red de funcionarios corruptos. Tres palabras expanden las coordenadas del mapa en el que ocurrió el macro latrocinio: leche, agua y azúcar.
En 2019, el ex presidente López Obrador ordenó a Ovalle que Segalmex distribuyera leche adquirida únicamente a productores mexicanos. Sin embargo, no estaba el mandatario consciente de que México no es autosuficiente respecto de este bien de consumo. En vez de informar a López Obrador sobre la imposibilidad de cumplir sus órdenes, Ovalle autorizó que leche estadunidense ingresara a territorio nacional para ser vendida a Segalmex como si se tratara de leche mexicana.
Para cumplir con este propósito se crearon de manera exprés una serie de compañías fantasma, las cuales cobraron hasta la última factura entregada a Segalmex y sin embargo, no entregaron jamás el producto. Calculan Raziel y Zerega un fraude por esta operación de aproximadamente mil 700 millones de pesos.
Con el agua habría sucedido algo similar. Un grupo de empresarios organizados por un intermediario bajo las órdenes de Ovalle prometió montar una serie de plantas potabilizadoras por las que cobró sin que el proyecto haya llegado a concluirse.
A propósito del azúcar, Segalmex también pagó para llenar los anaqueles de sus tiendas, pero estos permanecieron vacíos. Resulta que la paraestatal cumplió con los falsos proveedores, pagando otra vez por adelantado, y sin embargo estos se desentendieron de las obligaciones contraídas.
Un personaje clave de este relato es Manuel Lozano, amigo de Ignacio Ovalle durante casi medio siglo. Actualmente se encuentra en arresto domiciliario en la ciudad de Buenos Aires, desde donde pronto tendría que ser extraditado. En la entrevista que este sujeto ofreció a Zerega, quien fuera director de comercialización de Segalmex describe con detalle el rol de liderazgo jugado por Ovalle dentro de la red delictiva. Ofrece también pistas para identificar la responsabilidad, entre otros, de René Gavira, quien fuera el director de finanzas de la dependencia; de Bernardo Fernández, director de operaciones de la subsidiaria Liconsa, y de Fernando Zurita, amigo también de muchos años de Ovalle, la persona que, desde fuera de la paraestatal, habría orquestado algunos de los negocios más jugosos de esta banda criminal.
Con tan abundante información exhibida y meticulosamente analizada por Raziel y Zerega habrían de engrosarse las carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía General de la República contra las personas que ya se encuentran bajo su lupa; pero, sobre todo, tendría que iniciarse una carpeta —la más importante de todas— para encausar a Ignacio Ovalle.
Con todo, sorprende que hasta hoy el fiscal Alejandro Gertz Manero haya dejado fuera de sus investigaciones al principal responsable del más grave acto de corrupción sucedido durante la administración lopezobradorista.
¿Cómo explicar esta omisión? Solo la política es capaz de responder. Si para el fundador de la Cuarta Transformación, Ovalle es un hombre honesto —supuestamente traicionado por sus subordinados— entonces la procuración de justicia debe abdicar de sus obligaciones: así toca cuando la licencia para robar es expedida desde las más altas esferas del poder.
