Privaron a la sociedad de tener un debate informado. Desde fuera de los recintos del Congreso fue materialmente imposible hacer trabajo periodístico sobre las dieciséis iniciativas que se están aprobando en este periodo extraordinario de sesiones. Esa era obviamente la intención: que nada se discutiera, ni adentro ni en el exterior. Morena y sus aliados aniquilaron el canon democrático y de nuevo lograron aplastar.
En solo diez días el oficialismo se propuso aprobar 16 iniciativas de ley; 2 mil 575 páginas que contienen normas importantísimas y que por tanto merecían reflexión, debate, crítica, ajuste, consenso y reposo antes de votarse en el pleno de ambas cámaras.
La mayoría de los dictámenes se aprobaron al vapor, igual curso siguieron el pleno, y luego se prohibió a las cámaras revisoras que cumplieran con su función. Se trata del método acordeón, fabricado desde el Palacio Nacional y votado sin modificaciones por personas legisladoras que renunciaron a su criterio para alzar la mano sin chistar.
Haciendo matemática simple, cada persona integrante del Congreso tuvo que leer y aprobar diez páginas por hora. Si se asume que las y los legisladores habrían tenido al menos seis horas de sueño por día, en realidad debieron analizar dieciséis páginas cada sesenta minutos. Con una carga como ésta no hay trabajo parlamentario que pueda salir bien.
Se trata de la desaparición del Poder Legislativo, o lo que es lo mismo, de la fusión entre este poder y la Presidencia de la República.
Pronunciaron una verdad exagerada los líderes de la mayoría cuando afirmaron que previo al periodo extraordinario contaban ya con varios dictámenes resueltos. Antes de este mes de junio solo cuatro piezas de las dieciséis tenían un dictamen favorable de las comisiones legislativas: la prohibición para emplear animales mamíferos en espectáculos, el impedimento para comercializar totoaba y las leyes relativas al Seguro Social y al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Estas cuatro iniciativas suman escasamente 179 páginas, del total de 2 mil 575. Esto quiere decir que la inmensa mayoría (2 mil 396 páginas) fueron dictaminadas entre el jueves 12 y el viernes 27 de junio. No hay manera de hacer análisis en tan corto periodo, por eso el debate quedó marginado. Quienes tenemos la responsabilidad de ofrecer una opinión informada sobre los asuntos públicos, no desde un punto de vista partidario o gobiernista, sino desde la trinchera ciudadana, fuimos impedidos de cumplir con nuestra obligación, ante la velocidad de esta operación política.
Las expresiones de la oposición que se pronunciaron en la tribuna parlamentaria hicieron igualmente patente la imposibilidad, ya no de analizar, sino de leer siquiera la abrumadora enciclopedia de temas.
El periodo extraordinario comenzó el jueves 12 de junio, cuando fue citada la primera comisión parlamentaria para que aprobara una iniciativa cuyo propósito es reducir controles sobre los recursos del Senado. Cuatro días después sucedió lo mismo en la Cámara de Diputados.
Posteriormente, el miércoles 18 de este mes, también de manera extraordinaria, se citó a las comisiones que aprobaron la Ley de la Guardia Nacional, la cual contiene 814 páginas. Se trata de una de las más importantes y sin embargo, el Congreso tuvo apenas diez días para revisarla y debatirla antes de que fuera confirmada.
Ese mismo miércoles se aprobó el dictamen de la Ley sobre Lavado de Dinero (190 páginas) y al día siguiente, los dictámenes relativos al Sistema Nacional de Seguridad Pública (202) y a la simplificación de trámites burocráticos (222) que, entre otras cosas, eliminó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).
Para aprobar estas siete iniciativas, distribuidas en mil 565 páginas, las personas legisladoras corrieron a una velocidad promedio de ocho páginas por hora antes de emitir su voto. Hicieron esto mientras otras comisiones legislativas abordaban cuatro proyectos más. Entre el miércoles y el jueves de esta semana se dictaminaron y aprobaron otras 621 páginas relativas a la desaparición del Coneval (49), las nuevas normas del Sistema Ferroviario (200), la reforma a la Ley de Competencia (272) y las modificaciones a la Ley de Desaparición Forzada (100). Para sacar adelante todos estos temas, en este escenario las y los representantes tuvieron que correr a una velocidad de diecisiete páginas por hora.
Finalmente, dejaron para este viernes la votación del dictamen de la Ley de Telecomunicaciones, la cual contiene 210 hojas, cada una más controversial que la otra. Como sucedió con las anteriores, será sancionada por el pleno de ambas Cámaras sin ningún debate porque la instrucción es que no sufra ninguna modificación.
Más allá de la mediocridad de las leyes surgidas de la prisa, lo que la mayoría nos está imponiendo al resto de los habitantes de este país es que abdiquemos de la cosa pública. No se trata solamente de marginar a las oposiciones, sino de algo más grave: eliminar cualquier resquicio ciudadano para entender, antes de que sean validadas, las leyes que habrán de normar nuestra vida en sociedad.
Se habla con desprecio de otras épocas y, sin embargo, antes de que la llamada Cuarta Transformación destruyera los cauces de la pluralidad política, una columna como esta habría servido para aportar elementos de juicio y diagnóstico sobre el trabajo parlamentario; hoy tal cosa no es ya posible.
La urgencia como método de hacer política es incompatible con la participación democrática, impide el aporte que cualquier interesado pueda hacer a la deliberación pública y asesina el derecho a emitir opiniones informadas sobre los temas que son de todas las personas, no sólo del partido en el gobierno y sus aliados.
Este periodo de sesiones es extraordinario, no solo por el adjetivo que lo califica, sino porque confirma la implacable decisión de abatir la pluralidad. En estos diez días se ratificó la alergia del movimiento político fundado por Andrés Manuel López Obrador respecto de la diversidad política. Todo lo que no sea parte de la hegemonía gobernante está condenado a la resignación y el silencio.
Morena y sus aliados se han adueñado del país y nadie los moverá por largo rato porque se han encargado de cerrar cualquier resquicio para la disidencia. Falta una última reforma para cerrar la puerta: la reforma electoral que, desde ya, anuncia la eliminación de los partidos de oposición.
