Hablar de políticas públicas es hablar de decisiones que se pueden tomar desde cualquiera de las funciones reconocidas en el artículo 49 constitucional: ejecutiva, legislativa y judicial. Y es cuestión de aplicar el sentido común para reconocer que, en la medida que se cuente con más información de calidad, habrá mejores decisiones para el país.
Actualmente, el Poder Judicial atraviesa una verdadera encrucijada ante la decisión legislativa de eliminar 13 fideicomisos que se encuentran en sus responsabilidades. Situación que motivó argumentos defensores del respeto a la división de poderes y a su independencia. Y claro, un recorte podría ser una política pública, siempre y cuando se cuente con elementos mínimos como información y análisis del desempeño de sus recursos. De no ser así y, atendiendo al contexto nacional, no podría hablarse más que de una decisión sin mayor fondo que una connotación de carácter político. Pero el asunto se puede poner peor porque, si bien la justicia debería ser una, la discusión nacional está en la justicia federal, ajena a la que viven las 32 justicias estatales que en muchas ocasiones son la antesala de la federal, pero en su gran mayoría no pasan de lo local y son invisibles a nivel país de los retos que enfrentan. La dimensión de lo que se está viendo hoy a nivel federal va mucho más allá de un sector o grupo, de un paro, una marcha. Podría ser la punta de lanza en una riesgosa reconfiguración del Poder Judicial.
Algunas voces han planteado que, dado el agotamiento institucional de las figuras presidencial y legislativa en México, este siglo podría tener como protagonista al Poder Judicial, más aún de la mano del desarrollo tecnológico. Parecería entonces un buen momento para replantear si hablar de percepciones, número de expedientes, tiempos procesales, personas atendidas, infografías, capacitaciones impartidas, etc., es suficiente para rendir cuentas o más bien entrar de lleno a una evaluación de desempeño a profundidad. Si hoy se rindiera cuentas de manera exhaustiva, cumpliendo los principios constitucionales del artículo 134, generando evidencia verificable, documentada y accesible, asumiendo éxitos y fracasos de una justicia que no es perfecta; si se mostrara verdaderamente hasta dónde y cómo se cumple con el estado de derecho mexicano y qué se tiene que hacer en lo local y federal para eliminar reclamos que es muy posible tengan sentido, habría una defensa certera ante atropellos como un caprichoso recorte presupuestal. ¿Será que sí hay un pecado pero no es social sino judicial? La ciudadanía defendería con ahínco a su defensor sin tener que escuchar de estado de derecho y justicia más como eufemismo que como una emergencia que enfrenta el país para su desarrollo.
