En los últimos años, Nuevo León ha demostrado ser un imán para la migración interna y externa, atrayendo a poblaciones de diversos estados debido a nuestra dinámica económica y ubicación estratégica en el norte del país. En este contexto se ha vuelto necesario que como estado fortalezcamos nuestras capacidades de seguimiento y monitoreo mediante indicadores de gobernanza migratoria, que son las herramientas que nos ayudan a medir y entender cómo el conjunto de políticas, acuerdos y acciones coordinadas impactan en la gestión humanitaria a través la regulación de flujos, protección de derechos humanos, integración socioeconómica y manejo de crisis, con el objetivo de tomar decisiones de política basadas en evidencia que beneficien a todas las personas migrantes, refugiadas, desplazadas y retornadas.
Además, la Agenda 2030 a la que hemos alineado todas nuestras políticas reconoce la importancia de las migraciones en varias de sus metas, especialmente en el abordaje de la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes y su inclusión en diversas problemáticas sociales, como los desastres naturales y la resiliencia. La meta 10.7 se destaca como pieza clave en esta Agenda, instando a los gobiernos a facilitar una migración ordenada, segura, regular y responsable a través de políticas bien gestionadas.
Si bien la ciencia busca la verdad, la política busca hacer lo correcto. Por ello, en días recientes, y en el marco de la “Estrategia para el fortalecimiento de la gobernanza migratoria desde el ámbito local”, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en coordinación con la Secretaría de Igualdad e Inclusión, lideró la revisión, el análisis y la presentación de los principales hallazgos acerca de los Indicadores de Gobernanza Migratoria para el caso de Nuevo León.
En este sentido quiero compartir con ustedes tres mensajes clave sobre la importancia de que en el nuevo Nuevo León contemos con estos indicadores. Primero decir que, como gobierno, nos hemos sumado al primer y único marco internacional acordado para la gobernanza de todos los aspectos relativos a la migración, conocido como “Marco de la Gobernanza Migratoria” (MIGOF). Se trata de una referencia fundamental con la que trabajamos a partir de un conjunto de principios y objetivos coherentes, abarcativos y equilibrados, que nos permiten brindar elementos esenciales para facilitar la migración y de acceso a los derechos de las personas migrantes a través de la recopilación, análisis y diseminación de datos migratorios.
Segundo, entendemos que es esencial vincular las dinámicas de desarrollo subyacentes en la migración con los marcos legales que habilitan a las personas en situación de movilidad a beneficiarse y ser parte del desarrollo. Por ello, soy una convencida que abordar la migración es una poderosa estrategia para reducir las carencias sociales y desigualdades, generando valor público en las economías y promoviendo un cambio social con equidad.
Y tercero, sabemos que no estamos solos en esta alianza, además de tener el respaldo de la Organización Internacional para las Migraciones, como agencia conexa de Naciones Unidas para acompañar el proceso de negociaciones intergubernamentales del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, también contamos con la orientación técnica de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Segob, el Instituto Nacional de Migración (INM), la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención al Migrante, y el Colegio de la Frontera Norte, así como el trabajo conjunto con más de 27 instituciones públicas, organizaciones civiles, colectivos y academia, que nos ha permitido codiseñar los Indicadores de Gobernanza Migratoria para nuestro estado, promoviendo un enfoque integrado y una responsabilidad compartida.
Nos quedan 2 mil 351 días para llegar al 2030 y cumplir con la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta labor inaplazable contar con Indicadores de Gobernanza Migratoria es fundamental para evaluar la eficacia y eficiencia del tratamiento de nuestras políticas y programas migratorios. Por ello, en el último año hemos brindado en nuestro innovador Espacio de Igualdad e Inclusión más de 9 mil atenciones a 4 mil 500 personas migrantes, refugiadas, desplazadas y retornadas procedentes de 31 nacionalidades. Estos números reflejan circunstancias complejas que miles de personas viven en nuestro estado y nos interesa que todas las personas, sin importar su procedencia, tengan sus derechos garantizados.
En esta línea hago votos, porque estoy convencida que esta colaboración estratégica es un camino precisamente para sentirnos orgullosos de que las personas migrantes, refugiadas, desplazadas, retornadas y sus familias vivan con libertad en un estado al que pueden llamarle hogar y que se perfila como el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir para todas las personas, sin excepción.
