La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó una miscelánea fiscal 2022 que despertó críticas y preocupaciones por parte de organizaciones de la sociedad civil organizada, debido a que esta propuesta de reforma podría ir en contra del fomento de una cultura de la donación, que impacta en proyectos de ayuda social, asistencial y defensa de derechos humanos, focalizados a personas de escasos recursos.
Desde hace décadas las organizaciones de la sociedad civil en México se han dedicado a trabajar en causas, donde el Estado ha quedado rebasado o incluso ha sido responsable de los agravios cometidos contra víctimas, ejemplo de ello, el fenómeno de la desaparición forzada.
Gracias a la presencia de la sociedad civil organizada se han interpuesto acciones de litigio estratégico ante instancias internacionales, diseñado propuestas de política pública, realizado informes especializados sobre temas que requieren acciones urgentes, organizado brigadas de búsqueda de personas desaparecidas y otorgado atención a grupos de personas en situación de vulnerabilidad, tan solo por mencionar algunas acciones que han contribuido al fortalecimiento de las instituciones públicas y por ende del propio Estado.
Actualmente, una empresa o persona física puede realizar un donativo a una organización de la sociedad civil y deducir del pago de impuestos, hasta el 7% de su ingreso anual.
Con el cambio a la reforma del artículo 15 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, las personas físicas sólo podrán deducir el 15% del total de ingresos; pero los deducibles por donativos ya no estarán en una bolsa adicional.
Esta situación podría desincentivar la cantidad de recursos que llegan a alrededor de 5 mil organizaciones de la sociedad civil que están autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria y limitar el fomento de una cultura por la filantropía, tan necesaria en un país con profundas desigualdades sociales, en un contexto de pandemia y de cara a un incremento acelerado de la violencia armada.
La propuesta que emana del poder ejecutivo no cierra de forma definitiva la puerta a evasores fiscales –quienes han sofisticado sus mecanismos para no pagar impuestos con paraísos fiscales o factureras– y sí impacta en el trabajo de organismos que dan un servicio a la sociedad, cuando el gobierno no puede o simplemente deja de cumplir con sus obligaciones.
