¿Y por qué no habríamos de entregar criminales a Estados Unidos si tenemos oportunidad de librarnos de ellos? Por supuesto, se trata de una decisión polémica. Pero en muchos sentidos la política o la buena administración consiste en asumir la menos mala de las alternativas posibles. Y, en este caso, me parece que un balance de las ventajas y desventajas ofrece un saldo categórico en favor de hacerlo. Con algunas salvedades que habría que considerar.
Primero, para nadie es un secreto que muchos de estos capos mantienen el control de sus cárteles, incluso desde la cárcel. Poseen niveles de organización y capacidad económica sobrada para corromper y atemorizar a funcionarios del sistema penitenciario a todos los niveles. Exagerando el punto, podríamos decir que juntar a varios de ellos con sus cuadros en un retiro forzado, sin necesidad de estar huyendo o matándose unos a otros, permite una dedicación de tiempo completo a la tarea de organizar y dirigir su imperio. Deshacerse de las 55 cabezas del crimen trasladadas a Estados Unidos en dos entregas, en febrero y agosto de este año, constituye un enorme alivio para el sistema penitenciario mexicano.
Segundo, en muchos casos se trata también de un “alivio” por razones jurídicas. No siempre es fácil mantenerlos en prisión. El peso de sus abogados y, sobre todo, la fuerza económica para erosionar los expedientes a todo lo largo de la cadena judicial, desde la investigación hasta la decisión de los jueces, complica la capacidad de las fiscalías, de por sí porosas e ineficientes, para garantizar sentencias severas y definitivas. Que Estados Unidos se encargue de la tarea de emprender largos y onerosos juicios y, posteriormente, del encarcelamiento de todos ellos tiene ventajas evidentes.
Se dirá que por dignidad y respeto a las víctimas nacionales, un país tendría que asegurar que los criminales fueran juzgados en primera instancia en el lugar en que cometieron sus delitos. Pero, bien mirado, se trataría de un principio desbordado desde hace tiempo, considerando que el fenómeno es binacional, si no es que trasnacional. Las armas con las que superan en capacidad de fuego a las policías locales proceden de Estados Unidos; buena parte del financiamiento también. El poder de los cárteles surgió gracias al mercado norteamericano. En estricto sentido se trata de dos países, pero de un territorio criminal compartido. Si hoy por hoy existen “ventajas comparativas” para que una parte de la compleja estrategia de combate a los cárteles se canalice en tribunales y cárceles estadunidenses, y eso hace más efectivo este combate, mejor aún.
Tercero, la derecha estadunidense y los más duros halcones intervencionistas de Washington han cultivado el argumento de que el Estado mexicano en sus más altos niveles ha sido penetrado por el narco y, por ende, está incapacitado para combatirlo por sí mismo. Una tesis que justificaría emprender acciones unilaterales. Se sostiene, incluso, que operaciones de México destinadas a castigar a un cártel en realidad buscan beneficiar al rival, por el contubernio entre autoridades y criminales. Lo que está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum desmonta categóricamente este argumento. No solo por los resultados que arroja la nueva estrategia de investigación, captura de narcos e incautación de drogas o huachicol que lleva a cabo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad. En sí misma, la entrega de 55 líderes pertenecientes a todos los cárteles invalida la tesis del supuesto narcoestado o la existencia de pactos con unos u otros.
Más aún, el hecho de que sean entregados para ser procesados en tribunales estadunidenses, lo cual implica revisar sus vínculos criminales y las relaciones de corrupción que hayan tejido, es una muestra inequívoca de que el gobierno mexicano no tiene ningún temor a lo que puedan descubrir, más allá de delitos puntuales de funcionarios o militares corruptos.
Y cuarto, si todo eso fortalece la capacidad de México para negociar de mejor manera el embate de Donald Trump en materia de tarifas y otras penalidades, mejor aún. Se dirá que en un mundo perfecto, o al menos correcto, no debería ser así. Pero la realidad es que México tiene que actuar bajo una correlación de fuerzas que nos deja terriblemente vulnerables. En este momento la prioridad es defender la economía de millones de mexicanos que depende de manera directa o indirecta de la integración comercial y productiva con Estados Unidos. Si el envío de 55 criminales, que tanto daño provocaron al país, ayuda en algo al estira y afloja, pues bienvenido.
Dicho lo anterior, vayamos a la contraprestación, al peligro que esta estrategia entraña. Los tribunales estadunidenses no solo no son perfectos, ni mucho menos, también son vulnerables a las agendas políticas de distintas instancias de aquel país.
Muchos de estos capos intentarán negociar penas menores a cambio de ofrecer lo que quieren oír los fiscales, algunos de ellos influidos por la agenda política de derecha, por los intereses y pugnas entre agencias o simplemente por la ambición personal que se abre paso a golpe de escándalos mediáticos. El gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá que estar preparado para ello, porque esto apenas comienza. Ayer se informó que El Mayo Zambada se declaró culpable, lo cual significa que una negociación a cambio de información está en marcha. No deja de ser inquietante la vulnerabilidad que representa el hecho de que las nuevas acusaciones del gobierno estadunidense vayan a depender de lo que tengan a bien “recordar” tan finas personas. En mi opinión, esto no invalida la necesidad de hacerlo por las razones arriba expuestas, pero habrá que estar conscientes del riesgo que entraña y prepararse para responder adecuadamente llegado el caso. ¿Le estamos dando un misil para presionarnos por otra vía?, quizás. Esperemos que sea un riesgo calculado y podamos enfrentarlo en su momento. Entregarlos es un acto de realpolitik, también debe serlo no pecar de ingenuos en sus posibles consecuencias.
