Puebla, un estado con una aparente riqueza hídrica, tiene al menos dos versiones: hay una Puebla en la que una burocracia sofisticada gestiona la firma de títulos, regula volúmenes y ordena concesiones como si la administración del agua fuera una ciencia exacta. Y hay otra, menos visible, donde se cavan pozos sin permisos ni control, un sistema que, lejos de sancionar, extiende un manto de impunidad sobre la extracción ilegal.
En tiempos de sequía, la escasez se ve agravada por una gestión deficiente y una sobreexplotación de los recursos. Sí, se ignoran las directrices para la explotación, uso y aprovechamiento sostenible del agua, así como su distribución y control… eso que marca la Ley de Aguas Nacionales (LAN).
El déficit en los mantos freáticos ha alcanzado 35% en los últimos cinco años, pérdida que los expertos consideran irrecuperable dado que se trata de un recurso no renovable a corto plazo.
El Atlas de Concesiones de Agua y Pozos Clandestinos en México, elaborado por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM), indica que Puebla figura entre las diez entidades con más títulos y permisos de aguas nacionales: más de 11 mil registros oficiales para uso agrícola, industrial, doméstico y de servicios.
La burocracia opera, expide resoluciones. Aparentemente, todo en regla. El mismo informe, sin embargo, revela que en 2024 al menos 20 pozos fueron perforados de forma ilegal en municipios como Acatzingo, Tehuacán, Quecholac, San Andrés Cholula, Chinantla, Los Reyes de Juárez, San Miguel Xoxtla, Tepanco de López, Zacapala y la propia capital del estado.
Lo inquietante no es tanto el número, sino la impunidad: en más de la mitad de los casos no hubo sanción alguna. Ni multas, ni clausuras. Apenas un registro, una línea en la base de datos.
¿Cómo puede una entidad que presume altos niveles de formalización hídrica convivir con una red paralela de extracción ilegal? La respuesta no está en los acuíferos, sino en la debilidad institucional, en la falta de inspección, en una Conagua que delega, pero no supervisa. Y en un Plan Nacional Hídrico 2024-2030 que promete orden, pero omite decir cómo enfrentará el mercado negro del agua.
El agua fluye. Legal e ilegal. Bajo contrato o por atajo. Y Puebla, esa Puebla que presume control, sigue sin mirar hacia donde los pozos nacen sin permiso. La crisis, ahora paliada por las lluvias, es síntoma de debilidades institucionales arraigadas y una falta de transparencia que amenaza la sostenibilidad y el derecho humano al agua.
Las cifras oficiales de la Conagua revelan que de 2019 a febrero de 2024 se clausuraron 125 pozos profundos ilegales en Puebla. Y, como suele ocurrir, de 125 investigaciones iniciadas, solo 48 resultaron en una sanción.
Al Margen
¡Quién iba a pensar que Luis Videgaray Caso haría escuela! Versiones van y vienen del célebre discurso que dio en 2017 al tomar protesta como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si no lo recuerdan, aquí está: “No soy un diplomático. Ustedes han dedicado su vida entera a ello. Vengo a aprender de ustedes (…)”. Pues eso, inexpertos con chamba, a costa del erario. Vaya usted a saber por qué lo recordé justo en estos días.
