No se puede contradecir la tesis de que nuestro país requiere un cambio profundo. Los últimos periodos presidenciales, con todo y que avanzaron en la formación de una sociedad abierta, fracasaron en aspectos fundamentales. De estos, cabe destacar, por lo menos, tres:
Primero. No trajeron un mínimo de bienestar a la mayoría de la población porque no lograron que la economía creciera en el volumen y al ritmo necesarios, y tampoco construyeron las condiciones institucionales para promover una amplia distribución del ingreso.
Segundo. Durante los últimos sexenios las capacidades elementales del Estado sufrieron un deterioro crítico. Me refiero a las de impartir justicia legal, mantener el monopolio de la violencia a lo largo y ancho del territorio nacional, y brindar paz pública a los ciudadanos. A est0 hay que agregar la pérdida de la capacidad del Estado para controlar los recursos y las industrias estratégicas de la nación.
Tercero. A pesar de algunos logros parciales, no superamos una asignatura pendiente en la historia de México (que no se aprobó ni con la Independencia, la Reforma y la Revolución): lograr el respeto a las leyes y las instituciones, y forjar una auténtica ciudadanía entendida como figura que encarna derechos y obligaciones, participa críticamente en la esfera pública y demuestra sentido de colaboración cívica para la cohesión nacional.
El cuadro de los últimos años es el de un país lastimado por la impunidad, la corrupción irrefrenable y el abuso del poder político y económico, lo que pone de manifiesto las profundas fracturas que nos dividen. Es cierto que la Transición a la Democracia fue real y que en nuestro suelo floreció un pluralismo que permitió desmontar el monopartidismo priista y el presidencialismo sin contrapesos.
Sin embargo, como me lo hizo ver un colega, la Transición se detuvo demasiado pronto y nuestros enormes rezagos no fueron resueltos: los viejos agravios sentidos por las grandes mayorías quedaron sin superarse. Y lo más grave es que el Estado fue penetrado por la delincuencia en el más amplio sentido de la palabra.
¿Cómo no aceptar la necesidad de impulsar un cambio fundamental y de dimensión histórica? El punto es considerar el sentido, la velocidad y el alcance de las transformaciones que se necesitan.
No existe claridad sobre cómo vamos a cambiar, hacia dónde y qué sectores y actores sociales deben participar en el proceso. ¿Se trata de corregir los defectos del modelo económico? ¿O necesitamos, más bien, otro modelo, uno mucho más centrado en el Estado y su capacidad de controlar las variables fundamentales de la economía?
¿Se puede hacer esto conservando el pluralismo democrático o es necesario dotar al Estado de capacidades que deben sustentarse en un control político de corte autoritario o “semidemocrático”? ¿Es posible avanzar en la igualación de las condiciones económicas sin sacrificar libertades y prerrogativas individuales y políticas?
En el plano de la recuperación de las funciones del Estado, legales, políticas, de seguridad y eficacia administrativa, la situación tampoco es sencilla. La pregunta es si resulta indispensable concentrar el poder estatal en el gobierno federal y en el ejecutivo, o si podemos continuar con la relativa fragmentación de poder que hemos tenido los últimos lustros.
El peor escenario es la polarización y la adopción de posturas excluyentes: De un lado, los que pretenden concentrar el poder del Estado y conformar una base social de apoyo agrupada en un partido mayoritario prácticamente único. Del otro, quienes, si pudieran, rechazarían toda medida de redistribución del ingreso y control disciplinario de la economía y continuarían hasta la náusea teniendo partidos políticos insustanciales y vacíos de contenido.
Otra manera de plantear el problema es preguntarnos si, como han dado a entender los representantes del gobierno federal, se requiere un cambio de régimen, o, lo que es lo mismo, la construcción de una nueva hegemonía, la adopción de una manera de gestionar la sociedad de nuevo tipo (¿o viejo?), con otros valores, menos individualista y más colectivista, más fundada en el reconocimiento del peso histórico y cultural del “México profundo” que en la vocación por el futuro y la apertura al mundo.
En esta coyuntura no hay buenos ni malos, sino actores sociales que buscan realizar sus intereses y sus concepciones de la política, la cultura y la economía. No hay salidas fáciles y mucho menos recetas mágicas, pero una cosa es segura: sin tolerancia no llegaremos a ninguna parte. México es una sociedad demasiado compleja como para ser gobernada en función de un solo valor o una aspiración excluyente de las demás. Nos urge dialogar, reconocer insuficiencias, asumir una genuina autocrítica, escuchar argumentos y construir, juntos, la nueva visión que necesitamos y los nuevos compromisos que nos van a sacar adelante como nación.
