Desde hace años, en algunos círculos se ha hablado con urgencia de la necesidad de una profunda reforma fiscal progresiva, aquella que implicaría que se pague más conforme se gana más, con el propósito de incrementar el porcentaje de dinero disponible para el Estado. Sin embargo, desde la presidencia se ha reiterado en distintas ocasiones que no se tiene prevista reforma fiscal alguna.
Lo que se ha hecho, por otro lado, es algo más modesto, pero con profundas repercusiones que, a mi parecer, no se les ha colocado en su justa dimensión.
Resulta claro que el sistema fiscal mexicano no sólo es inequitativo, sino que también por años estuvo asentado en exenciones, condonaciones y evasiones de impuestos por parte de grandes contribuyentes.Son estos últimos rasgos los que desde el Gobierno se han tratado de erradicar. Tomo a las grandes empresas para ejemplificar mi punto.
Actualmente, en México las empresas deben pagar 30% por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Sin embargo, en los hechos, el porcentaje poco importaba frente a lo que efectivamente se terminaba pagando (se calcula que alrededor del 17%). Las formas y estrategias usadas para evitar los pagos o para pagar menos impuestos son distintas.
Por ejemplo, en 2013, Grupo Lala y Sabritas lograron una condonación fiscal por casi 4 mil millones de pesos, lo mismo sucedió con empresas más pequeñas como Bimbo y Kimberly Clark, la cual logró la condonación de 44 millones de pesos. En cambio, Walmart, IBM y FEMSA (embotelladora de Coca-Cola y propietaria de Oxxo) comenzaron a generar adeudos (en conjunto por un monto de 17 mil 538 millones de pesos) sin grandes consecuencias hasta el llamado del presidente para que 15 grandes empresas, deudoras de 50 mil millones de pesos, se pusieran al corriente.
También, están otros consorcios que se valen de empresas factureras con el objetivo de aumentar gastos falsos y así pagar menos impuestos. Por último, me refiero a aquellas grandes empresas cuyos trámites con el SAT realizan a través de ciertos despachos de abogados, que han diseñado sofisticados esquemas para evadir directamente impuestos. Sobre esto último, llama la atención que, de acuerdo con Raquel Buenrostro, muchos de los asesores de dichos despachos sean ex funcionarios del SAT. Es decir, son personas que vieron más redituable entregar sus conocimientos e información privilegiada del Estado a la iniciativa privada.
Visto en su conjunto, ciertamente se trató de la consolidación de todo un sistema de recaudación paralelo que, a su vez, fungió como un factor de estabilidad para las élites políticas y económicas del país.
En este sentido, no es menor que el gobierno esté logrando cobrar efectivamente los impuestos de los más privilegiados. Ya sea a través de la iniciativa presidencial para prohibir las condonaciones de impuestos, por medio de los acercamientos del SAT a las grandes empresas deudoras y el rastreo de los despachos defraudadores, o por medio de cambios en la legislación para tipificar la compra-venta de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada (sólo cuando el monto supera los 7 millones 804 mil 230 pesos)
Tal vez sea poco para los grupos progresistas que esperaban la gran reforma fiscal, pero quizá se están sentando precisamente las bases para llegar a tan anhelado objetivo. Hay una reforma fiscal en los hechos.
