Que los transportistas ya están tocando extremos en su intento de presionar a las autoridades y a la ciudadanía para lograr su anhelado aumento a la tarifa mínima. Una vez más, a través de carteles de advertencia adheridos en las unidades y de declaraciones de algunos de sus líderes, pretenden crear la narrativa de que el incremento ya es un hecho. Hasta han tenido el descaro de afirmar, a sabiendas de que es una falacia, que “ya era un acuerdo para después del informe y solo falta el anuncio oficial”
Que caen en contradicciones hasta entre los mencionados empresarios camioneros, porque finalmente, ante el enésimo rechazo por parte de las autoridades de Movilidad, su líder tuvo que salir a reconocer que no hay ninguna autorización ni por medio centavo, y que seguirán en las mesas de diálogo –esas que han querido saltarse- para analizar las posibilidades. La realidad con la que se topan es que ahora menos que nunca el gobierno de Delfina Gómez aprobaría un golpe así a los bolsillos de la ciudadanía. Al tiempo.
Que hay un foco de alerta, pues luego de que en la Toluca-Palmillas los manifestantes que protestaban por las muertes viales agredieran a golpes y pedradas a un conductor y que este respondiera hiriendo a varios a balazos, se dio otra situación trágica ahora en Huehuetoca, donde la población mantenía un bloqueo en exigencia de agua y golpearon hasta la muerte a un automovilista que quiso pasar a la fuerza. Hasta ahora tres personas que participaron han sido detenidas. Son lamentables botones de muestra de una situación muy crispada en general.
Que mientras son peras o manzanas con la reforma electoral nacional y se define el futuro del Instituto Nacional Electoral, la Junta en el Estado de México que encabeza Joaquín Rubio Sánchez no puede detener la marcha ni echarse a la hamaca, por lo que sigue con una “campaña intensa” de empadronamiento y supervisando las asambleas de las organizaciones que quieren conformarse como nuevos partidos políticos nacionales para participar en los comicios de 2027.
