De manera inédita, el Congreso de Guerrero inició el trámite de un juicio de procedencia solicitado por la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyo destinatario mantiene en secreto la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
En el punto número 1 de la Orden del Día que el Pleno desahogó este martes 1 de abril, en el apartado de correspondencia, se dio entrada a una solicitud de declaratoria de procedencia presentada por la agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), Margarita Azucena Sánchez Gutiérrez, sin que se especifique el servidor público contra el que va dirigido.
Sobre el particular, se consultó al presidente de la Comisión Instructora, Arturo Álvarez Angli, quien manifestó que desconocía el detalle de la solicitud, pues solamente había tenido acceso a lo que se podía leer en la Orden del Día, que es el nombre de la agente del Ministerio Público que promueve el procedimiento legislativo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso de Guerrero, Jesús Urióstegui García, al ser cuestionado, reconoció que, por acuerdo de dicho órgano de gobierno, la identidad del servidor público no se daría a conocer.
¿Qué implica la declaratoria de procedencia?
De acuerdo con la legislación vigente, la declaratoria de procedencia o desafuero es el proceso legislativo que permite al Congreso autorizar la detención y enjuiciamiento penal de un servidor público que goza de fuero constitucional.
Quienes deben ser sujetos a juicio de procedencia para ser separados del fuero son los senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, gobernadores, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial.
La intención del procedimiento es que dichos servidores públicos puedan ser investigados y llevados a juicio por la posible comisión de delitos penales.
La Comisión Instructora está presidida por el diputado local del PVEM, Arturo Álvarez Angli; el secretario es el morenista Vladimir Barrera Fuerte, mientras que como vocales fungen la diputada de MC, Erika Lorena Lurhs Cortés; el morenista Carlos Eduardo Bello Basilio, y Jesús Urióstegui García, quien también es presidente de la Jucopo.
¿Qué otros casos de desafuero hubo en Guerrero?
En Guerrero, los procedimientos de esta naturaleza no son novedad; hay varios casos que han generado un fuerte impacto mediático a nivel nacional.
Entre los más recientes está el desafuero del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, tras la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en octubre de 2014.
Otro caso importante es el de Willy Reyes Ramos, ex presidente municipal de Tlapa, a quien, en 2011, la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) señaló como autor intelectual del asesinato del diputado federal Moisés Villanueva de la Luz, mejor conocido como el Diputado 500.
Pero hay más. A principios del nuevo milenio, los magistrados Jesús Martínez Garnelo y Miguel Maya Manrique, junto con la juez María del Pilar León Flores, fueron objeto de un juicio de procedencia, separados de sus cargos e inhabilitados por seis años a partir del procedimiento iniciado por los abogados del empresario gasolinero Javier Ibáñez Sandoval, quien los acusó de facilitar la liberación de un secuestrador.
No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió restituir en el cargo a los funcionarios del Poder Judicial local, al considerar que el Congreso de Guerrero había incurrido en una invasión de competencias.
Para comenzar a desahogar el procedimiento “secreto”, se espera que la Comisión Instructora sesione la próxima semana, probablemente a puerta cerrada, debido a la dimensión del caso.
MO
