La reciente investigación de la Fiscalía sobre el secuestro de cinco personas en Cortazar, en la que se revisaron celulares de policías municipales presuntamente involucrados, refleja un problema estructural en la infiltración de cuerpos de seguridad en las redes del crimen organizado, advirtió Juan Miguel Alcántara Soria, ex procurador de Justicias del Estado y especialista en temas de seguridad.
El analista explicó que estos casos confirman lo que colectivos y especialistas han venido señalando: la delincuencia organizada mantiene complicidades tanto a nivel municipal como estatal y federal, lo que pone en riesgo la seguridad, la libertad y el patrimonio de la ciudadanía.
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“Hay que reconocer que la delincuencia organizada tiene complicidades en distintos espacios públicos, tanto en el ámbito municipal, estatal y nacional, y dependiendo de los resultados de las investigaciones que cada una de las instancias, tanto estatal como federal, obtengan, se pueden definir varios escenarios”, especificó.
Alcántara Soria detalló tres posibles escenarios derivados de este tipo de investigaciones: la suspensión de ayuntamientos; el artículo 115 constitucional prevé que legislaturas locales pueden suspender ayuntamientos cuando se comprueba que desde los mandos de seguridad se afecta la vida e integridad de las personas.
Además, la asunción del servicio de seguridad, el mismo artículo 115, vinculado con el 21, permite que, a solicitud de un municipio, el Estado o la Federación asuman la seguridad preventiva y el tránsito, lo cual podría aplicarse en Cortázar.
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Finalmente, la judicialización de los responsables, que es, en tercer escenario, concluir las carpetas de investigación y procesar únicamente a los policías con elementos suficientes que acrediten su participación en delitos de esta gravedad.
El especialista recalcó que no se trata de un hecho aislado: “En varios municipios de Guanajuato se han detectado dinámicas de disputa territorial entre cárteles, y eso no sería posible sin complacencia de autoridades locales e incluso, en algunos casos, federales, como pasó con la Guardia Nacional”, apuntó.
Alcántara Soria subrayó que el Congreso del Estado, los ayuntamientos, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad deben asumir con responsabilidad la gravedad del problema.
“Hay que tener la capacidad de analizar, conocer estas dinámicas delictivas, saberlas dimensionar y asumir las responsabilidades que les toca para poder contener los niveles de violencia y delincuencia que hay en Guanajuato”, sostuvo Alcántara Soria.
