Las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia con Recursos Hidráulicos analizan dos iniciativas de ley que buscan elevar la pena en contra de quienes roben agua para su venta, con multas de hasta 2 millones de pesos y que se convierta en delito grave, debido a que esta práctica ha aumentado y actualmente se sustraen un promedio 4 mil litros por segundo, de acuerdo con la diputada Zaira Cedillo Silva, de Morena, quien tomó los datos de la Secretaría del Agua del Estado de México; esto representa más de 40 por ciento del liquido potable en la entidad, obtenido mediante el desvío o la sustracción por tomas clandestinas o pozos irregulares.
En un periodo anterior, del 2023 al 2024, dijo, se presentaron 37 denuncias, pero la realidad es que no hay criminales en la cárcel por este delito porque las penas son bajas o no se logra detener a las personas responsables.
La cantidad de sustracción ilegal es mayor a la que actualmente suministra el sistema Cutzamala en la entidad. En el sur el agua está secuestrada por grupos criminales, pero también pasa en otras regiones como en Naucalpan, Atizapán y Ecatepec.
Por ello propuso endurecer las penas e incluir a las personas que conducen también unidades, como son triciclos, porque los están usando para transportar el líquido, además de considerar a servidores públicos o autoridades sujetos de prisión y la inhabilitación por aprovecharse de su cargo para cometer ilícitos.
“Proponemos multas que van de 20 mil a 25 mil UMAS y que irían a más de 2 millones de pesos para quien desvíe el flujo de agua sin permiso, altere las tomas o distribuye agua robada; inhabilitación de personas servidoras públicas que sean parte de estos ilícitos y castigar a personas que tienen tomas clandestinas dentro de su propiedad, como pozos de agua”.
Del Partido Verde Ecologista, la diputada Miriam Silva Mata expuso que su iniciativa busca establecer como delito grave y de oficio la extracción ilegal del agua. “El robo del agua ya nos superó en el Estado de México”.
En Ecatepec, con 1.8 millones de personas, es donde más se roba el líquido, pero hay impedimentos en la norma para judicializarlo, porque se necesita una querella o denuncia contra la persona que incurra en estos actos, cuando hay grandes complicidades que se hacen incluso con tráileres, donde nadie se atreve a denunciar.
“Que se persiga por oficio y sea delito grave para que el juez dicte medida de prisión oficiosa para que no estén en la calle y sigan su proceso en prisión para combatir el robo del agua y, además que no se les permita movilizarse en pipas u otro vehículo y no se castigue sólo cuando se está vendiendo” acotó.
