La prisión preventiva oficiosa ha mostrado poca efectividad para contener el crimen, pues dicha medida aplica desde 2008 para los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación y secuestro, entre otros, pero, lejos de disminuir, su incidencia aumentó en el contexto de la crisis de violencia e inseguridad.
De acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, entre 2020 y 2022 aumentó 13 por ciento el número de personas presas acusadas de cometer los delitos incorporados al artículo 19 constitucional, como consecuencia de la reforma para ampliar la aplicación de la prisión preventiva de oficio.
“Sin embargo, esto no impidió que algunos de estos delitos siguieran aumentando. Por ejemplo, los feminicidios aumentaron un 3.2 por ciento; el abuso sexual, 23 por ciento; la desaparición forzada, 13 por ciento, y los delitos electorales, 557 por ciento, en el marco del proceso electoral del año pasado”, precisó.
En su análisis “Prisión preventiva oficiosa: primeros resultados a tres años de su implementación”, el instituto detalla que la comisión de otros delitos ha disminuido sin que se les aplique la cárcel automática, como es el caso del robo de vehículos, que entre diciembre de 2018 y agosto de 2022 disminuyó 40.4 por ciento, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
“En el caso del robo de combustible, se logró una disminución de 94 por ciento, aunque este descenso comenzó antes de la reforma de 2019, por lo que parece obedecer más a la estrategia contra el huachicol implementada por el gobierno federal que a la implementación de la prisión preventiva oficiosa”, señala el estudio suscrito por el investigador César Alejandro Giles.
Así, aunque el número de personas encarceladas en México creció 13 por ciento de 2020 hasta agosto de 2022, al llegar a 229 mil internos, no existe evidencia de que la prisión preventiva oficiosa sea una medida efectiva para disminuir la incidencia delictiva, además de que viola derechos humanos como la presunción de inocencia y el debido proceso.
“Los datos apuntan que, además de las penas privativas de la libertad, existen otros factores que repercuten en la incidencia delictiva y, por tanto, diversas alternativas de intervención pública que deben ser exploradas para disuadir y erradicar las conductas criminales que amenazan la tranquilidad de las personas”, subraya.
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