Nueve años después de que en mayo de 2013 un grupo criminal, con apoyo de policías capitalinos, secuestró y asesinó a 13 clientes del Bar Heaven de la Zona Rosa, en la Ciudad de México, las familias de estas víctimas fueron informadas que el rancho de 65 hectáreas al que sus hijas e hijos fueron conducidos, para ser torturados y finalmente ejecutados, ha sido oficialmente otorgado en propiedad al gobierno capitalino, mediante un juicio de extinción de dominio.
Sin embargo, también se les informó que los recursos obtenidos por la venta del este predio no se destinarán a la reparación del daño ocasionado a los deudos por el asesinato de sus hijos, hijas, hermanos o progenitores, a su atención médica o psicológica, ni a apoyar la educación de los 10 niños y niñas que este crimen dejó en la orfandad, puesto que, según la interpretación de los magistrados Martha Lucía Elizondo, Marco Antonio Velasco Arredondo y Alicia Pérez de la Fuente, “no existe daño qué reparar” derivado de esta ejecución colectiva.
Los recursos que se obtengan por la venta del rancho “La Negra”, por el contrario, se integrarán a los presupuestos de funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia capitalinas, a partes iguales, tal como confirmaron los integrantes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Las autoridades capitalinas tomaron esta decisión, a pesar de que la Ley de Extinción de Dominio local establece que “el derecho a la reparación de daño, para la víctima o persona ofendida del delito, será procedente” mediante juicios en los que legalmente se despoje a criminales de sus bienes, “cuando obren suficientes medios de prueba” para demostrar que esos bienes fueron usados para la comisión de delitos como homicidio, feminicidio o secuestro.
En este caso, una jueza local consideró suficientes las pruebas de que este predio fue utilizado para realizar actividades criminales, específicamente el secuestro y ejecución de las 13 víctimas del Bar Heaven.
No obstante, también determinó que los deudos de las personas asesinadas ahí no tenían derecho a reclamar que esos bienes se destinaran a la reparación del daño, porque no lo solicitaron dentro del plazo que se les otorgó para ejercer ese derecho, de sólo diez días hábiles, del 16 al 29 de agosto de 2019, que transcurrieron sin que las familias fueran notificadas directamente, aunque así lo habían solicitado.
Este fue el primer argumento esgrimido por los magistrados capitalinos, para negar el derecho de los deudos a reclamar reparación del daño. Luego vinieron más.
Derechos cancelados
Las 13 víctimas directas que dejó este crimen fueron secuestradas el 26 de mayo de 2013 del interior del Bar Heaven, ubicado a unos pasos del Ángel de la Independencia, en una de las zonas de esparcimiento público más concurridas del país, el corredor turístico Reforma-Centro, por al menos una decena de personas armadas, que operaron con el apoyo de policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública (rebautizada en 2019 como Secretaría de Seguridad Ciudadana) de la Ciudad de México.
El secuestro se dio poco antes del mediodía, mientras en toda la zona se mantenía un fuerte operativo policiaco, para dar seguridad a dos actividades deportivas, el paseo ciclista dominical y una carrera atlética organizada por la marca de agua embotellada Bonafont, eventos que se desarrollaban de forma simultánea junto al Ángel de la Independencia.
A pesar de dicho despliegue policiaco, las víctimas fueron extraídas por la fuerza del Bar Heaven y secuestradas en distintos vehículos, que se llevaron a los cautivos sin que la policía interviniera para impedirlo.
Por el contrario, las investigaciones posteriores del Ministerio Público concluyeron que al menos cuatro policías preventivos participaron de forma activa en los hechos, aunque sólo contra uno se logró reunir evidencias suficientes para obtener una sentencia condenatoria firme, mientras que los otros tres quedaron libres por falta de elementos probatorios.
Tres meses después del rapto, los cuerpos de las 13 víctimas fueron localizados en una fosa clandestina, excavada en el interior de un rancho de Tlalmanalco, en el Estado de México, conocido como “La Negra” o “Tecuancoyoque”, sobre el cual las autoridades capitalinas iniciaron un juicio de extinción de dominio.
En diciembre de 2020, la jueza local Judith Cova, quien llevaba el caso, concedió la extinción de dominio sobre el rancho, en beneficio del gobierno capitalino, y sin tomar en consideración la reparación del daño a los deudos, situación que éstos impugnaron ese mismo año, mediante un recurso de apelación, cuyo análisis fue asignado a los magistrados de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Las víctimas, según denunciaron en entrevista, nunca fueron notificadas por el Tribunal sobre los avances de la queja interpuesta o de su conclusión desfavorable, ni tampoco por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi), encargada de su representación jurídica.
“A finales de 2021 yo estuve mandando correos electrónicos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, porque no nos daban razón de nada –explica Julieta González, madre de Jennifer Robles, una de las jóvenes raptadas del bar Heaven–. De ahí nos derivaron a la Ceavi de la Ciudad de México, y fue cuando nos enteramos de que ya se había perdido la apelación”.
La resolución de la Primera Sala Civil concluye que el reclamo de los deudos es “fundado”, pero también lo califica como “inoperante”, pues las víctimas “dentro del término de diez días (hábiles) que les fue concedido para manifestar lo que a su interés conviniera, no hicieron valer circunstancia alguna, menos aún el derecho que les concede la ley”.
A pesar de que los magistrados negaron en su resolución que los familiares de las víctimas hicieron manifestaciones sobre el caso, su resolución jurídica explícitamente retoma algunas manifestaciones de los deudos, aunque para descartar su reclamo. En concreto, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia concluyeron que los deudos de las 13 personas secuestradas y asesinadas “expresaron que no les había sido pedido dinero para dejar regresar a sus familiares”, razón por la cual “no existe daño que reparar” ni “bien alguno de su propiedad que restituir”.
Abandono
“En todo este tiempo, nos ha afectado la ausencia en muchos sentidos –señala Lucía Fonseca, hermana de Eulogio Fonseca, otro de los jóvenes raptados–. Fue, sigue siendo y creo que cada día que pase el dolor se va acrecentando, ha sido muy doloroso ir y venir, y no lograr nada. Y para nosotros, el dolor es de una dimensión enorme, pero para las autoridades no es nada. Nuestros hijos, hijas, mi hermano, no son nadie, no son nada”.
Julieta González añade: “No busco dinero, busco verdad y justicia, porque estuvo tan mal hecha la investigación, que a 9 años y medio, yo no sé qué fue lo que pasó. Pero también hay un daño que debe ser reparado, un daño material e inmaterial, y se requiere una reparación integral” para las familias de las y los 13 jóvenes asesinados.
En total, el crimen del Bar Heaven dejó diez niñas y niños huérfanos, que quedaron a cargo de sus abuelas, y que ahora son adolescentes o jóvenes.
Ninguno recibe algún apoyo específico, derivado de su condición de víctima de estos hechos.
HCM
TAGS RELACIONADOS:
