Mauricio Tabe, alcalde de la Miguel Hidalgo y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes de México (ANAC), junto con representantes de diferentes municipios del país, presentaron ante una controversia constitucional contra la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
Al exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tabe advirtió que con las recientes modificaciones a esta ley, se pisotea el municipalismo y se deja en manos del oficialismo todas las facultades de transparencia e información.
“Con esto los derechos de los ciudadanos para acceder a la información pública se ven vulnerados y sujetos a la discrecionalidad del poder político electo, es decir, no sujeto a las reglas ni a los criterios de los colegiados, como parte de los órganos autónomos de transparencia. De esta manera, la transparencia se puede convertir en un instrumento político y en una moneda de negociación”.
Acompañado por alcaldes y representantes de una treintena de líderes municipales, Tabe dijo que defender el municipalismo es defender a la gente.
"Esta ley de transparencia que no garantiza el derecho de los ciudadanos a obtener información, solamente le da más poder al poder para decidir discrecionalmente, es decir, a capricho, conveniencia y voluntad del poder si decide entregar la información que está obligada a entregar, eso debe quedar muy claro, utilizaron el discurso tramposo de la austeridad para pisotear un derecho”, dijo.
Por su parte, la vicepresidenta de la ANAC y presidenta municipal de Irapuato, Guanajuato, Lorena Alfaro, señaló que a defenderán al municipalismo que queda subordinado con esta nueva Ley de Transparencia.
"Estamos aquí, porque también se vulnera el derecho de los municipios en ese reconocimiento a su autonomía constitucional plena en materia de transparencia y acceso a la información.”, destacó.
En su oportunidad, Roberto Fuentes, Secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, en representación del alcalde de esa entidad, Marco Bonilla, indicó que los municipios son órdenes de gobierno que cuentan con facultades propias y no entes subordinados.
“El hecho es que en su implementación no se están respetando los límites del federalismo cooperativo, puesto que se están imponiendo obligaciones, procesos y sanciones que son desproporcionados y son inadecuados para la realidad operativa, administrativa y financiera de los municipios”, precisó.
De ahí que agregó, que solicitan a la SCJN que resuelva con equilibrio y con responsabilidad tanto garantizando el derecho a la información de los ciudadanos, pero también respetando el federalismo.
MML
