El sistema financiero mexicano discrimina a los adultos mayores al negarles el acceso a créditos, por lo que se busca reformar la ley y que la edad ya no siga siendo impedimento para garantizar su seguridad financiera.
Y es que esa exclusión impacta su calidad de vida y su supervivencia económica, pues muchos de ellos no cuentan con pensión o seguridad social y se ven orillados a acudir a casas de empeño no reguladas o préstamos en línea que ponen en riesgo su integridad económica y física al ser objeto de métodos de cobranza intimidatorios y violentos.
“La edad no debe ser un obstáculo, los créditos son necesarios cuando se requiere afrontar una emergencia médica, el pago de servicios básicos y la compra de la canasta básica. Erradicar toda forma de discriminación contra este grupo vulnerable se hace necesario”, señaló la senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes.
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Dijo que la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera arrojó que 25.9% de los abuelitos en México reportaron haber sido rechazados al solicitar un préstamo. Por tal motivo, la legisladora promovió una iniciativa de reforma a la ley de instituciones de crédito, de protección y defensa al usuario de servicios financieros y de derechos de los adultos mayores.
En su exposición de motivos, la legisladora destacó que buró de crédito, institutos registrales y catastrales indican que las personas de la tercera edad tienen una conducta crediticia altamente confiable y patrimonio propio.
“La iniciativa no pretende establecer medidas asistencialistas para que obtengan créditos de manera arbitraria sino que mediante reformas puntuales a la ley se busca establecer soluciones estructurales”, destacó la senadora.
Esto es, explicó Guadalupe Covarrubias, que se evalúe al igual que sucede con el resto de la población la situación financiera de los adultos mayores, su historial crediticio y su capacidad de reembolso incorporando lineamientos antidiscriminatorios que combatan los estereotipos y prejuicios basados en la edad.
La propuesta, que fue turnada a comisiones, tiene dos finalidades: establecer el marco legal para el acceso de los adultos mayores a los créditos de consumo a mediano plazo y el sistema financiero mexicano ampliaría su segmento con la consiguiente utilidad económica, “al crecer el universo de usuarios las tasas de interés pueden tener una reducción significativa”.
CGCH
