El día 20 de enero Donald Trump tomará protesta de nueva cuenta como Presidente de los Estados Unidos de América y una de las primeras acciones que ha señalado realizará, será la deportación masiva de migrantes ilegales, así como el endurecimiento de las medidas para evitar que más personas ingresen de forma irregular por las fronteras.
Este hecho tiene importantes implicaciones para México, primero porque se estima que en los Estados Unidos hay un aproximado de 10 millones de personas ilegales de origen mexicano, lo cual podría generar una gran crisis social si se regresa aunque sea a una proporción menor de los mismos.
Segundo, porque la amenaza de repatriar a México no solo va dirigida a los mexicanos, sino que Estados Unidos quiere deportar a México personas procedentes de todos los países, en especial de Centroamérica y América del Sur, de manera que se generará para el país y en especial para las ciudades fronterizas, el reto de recibir, atender y en su caso repatriar migrantes, a costa de los impuestos de los ciudadanos mexicanos.
Tercero, si de forma efectiva el Gobierno de Donald Trump consigue cerrar las fronteras y evita la entrada de más migrantes, los mismos comenzarán a acumularse en las fronteras, lo que requerirá el desarrollo de infraestructura y procesos para atenderlos, o bien, políticas de asimilación social y laboral, que los incorpore a la economía nacional.
Lo que es un hecho es que como país debemos tener una estrategia clara para afrontar el problema y el Gobierno Federal no puede dejarles el problema a las entidades, mucho menos a los municipios, porque de lo contrario el mismo se va a desbordar y generará nuevos problemas de pobreza, marginación social y en el peor de los casos inseguridad.
Por ende, es fundamental que desde el Gobierno Federal se trace una hoja de ruta que guíe las acciones de los tres órdenes de gobierno para que el gran problema que habremos de enfrentar tenga los menores inconvenientes posibles.
@victorsanval
