El martes 16 de agosto, en Palacio de Gobierno, la Universidad de Guadalajara, el Gobierno de Jalisco y grupos empresariales se comprometieron con la ONU– Mujeres México a realizar acciones para la equidad de géneros. En el acto de la campaña "He for she", Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la UdeG, manifestó la satisfacción de contribuir a la reivindicación de los derechos de las mujeres. "Aunque los derechos están suscritos en la Constitución como sucede en las realidades complejas y culturales, se requiere de acciones afirmativas para garantizar que las leyes se lleven a término", afirmó.
Todo aquello que apunte hacia la equidad de género con acciones prácticas en cualquier espacio social es muy loable e importante, como es este programa impulsado desde la rectoría. Por todos es sabido que en cualquier ámbito laboral las mujeres se encuentran en una visible desventaja frente a los hombres y muchas de ellas sufren una condición de fragilidad y vulnerabilidad. Los problemas que las afectan son variados y van desde la desigualdad salarial hasta el hostigamiento sexual pasando por la discriminación en las posiciones de dirección. De tal situación no escapa la mayoría de las universidades del país, en este caso la Universidad de Guadalajara muchas estudiantes y maestras son objeto de acoso sexual tanto de los estudiantes como de los profesores mismos o de algunos funcionarios que abusan del poder burocrático. Otro problema significativo es el hostigamiento laboral entendido como aquellas formas de presión o represión contra las docentes o investigadoras que osan desafiar al poder caciquil y sus operadores lacayos. En tal sentido cobra relevancia y mucha importancia una campaña plausible como la enunciada. Por eso es muy urgente la creación institucional de la figura autónoma de un o una ombudsman en esta universidad para que contribuya a resolver algunos problemas que aquejan a la comunidad universitaria. El derecho a la igualdad de género forma parte inherente a la búsqueda imperativa del trabajo decente, del trabajo digno, empezando por aquellas instituciones que supuestamente son espacios propios de la razón, la inteligencia, la tolerancia y el respeto. Pero dentro de esta universidad, todo queda en una demagogia y una doble moral, una verdadera simulación de propósitos derivado de una profunda corrupción y autoritarismo por quienes forman parte de la estructura del poder caciquil que viene pudriendo a la institución en sus nobles propósitos académicos. A los políticos en orfandad hasta los premian con rectorías, y a los trabajadores los castigan.
Tal parece que la congruencia del rector es ser incongruente, pues mientras se pronuncia por una campaña "a favor de las mujeres", despide injustificadamente a maestras –algunas son madres de familia–, cuyo único sostén económico es su trabajo académico. Casos hay muchos, por ejemplo, el de la maestra Ana Estrada Salgado, quien el 11 de julio fue cesada fulminante y arbitrariamente. Con argumentos bastante endebles las autoridades universitarias justifican que el despido se debe a que metió un recurso legal contra la UdeG por el concurso por una plaza de tiempo completo que "perdió". Con todos aquellos a quienes recurrió para resolver su problema [jefe de departamento, delegado sindical, secretaria académica, jefe de personal, abogado general], le piden que desista de la demanda y presente una carta ¡pidiendo perdón! por su proceder. La maestra es profesora de asignatura en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño [CUAAD]. Esto le ocurrió a pesar de que la Ley Federal del Trabajo, el Contrato Colectivo de Trabajo [cláusula 8, apartado XI, referida al Ingreso y Estabilidad Laboral] y la Normativa Universitaria la protege por su misma antigüedad y no existe de manera oficial ninguna causal laboral y legal para tal arbitrariedad. Su inconformidad del concurso no fue escuchada ni tomada en cuenta por ninguna autoridad universitaria, por lo que recurrió a los tribunales estatales para que se le respete su derecho a ser bien evaluada y a ganar la plaza; de ello no ha recibido respuesta oficial. La condición para que recuperara su trabajo –a pesar de que la demanda no tiene ninguna relación directa con su actual problema– es que presente una "carta perdón" dirigida al abogado general de la UdeG, y se comprometa a retirar la demanda legal, pero como no la presentó la dieron de baja y otorgaron sus clases [20 horas de docencia] a otros maestros. Por supuesto, la defensa legítima de sus derechos laborales no es ningún delito y es inadmisible este atropello prepotente. Ante esta situación injusta y arbitraria deben de reponerle sus clases de asignatura que por ley le pertenecen.
El Sindicato de Trabajadores Académicos [STAUdeG] como instrumento de control caciquil no defiende para nada a sus agremiados. El rector señaló hace semanas que pronto le darán una respuesta a la maestra. Afirmó no es un despido, sino la conclusión de sus contratos: "Vamos a revisar el caso y vemos que no se cometa ninguna situación de injusticia". Aclaremos que todos los profesores de asignatura terminan sus contratos cada semestre pero a la mayoría no les quitan sus materias, como en este caso y otros más. Queremos ver pues las "acciones afirmativas para garantizar que las leyes se lleven a término". Persiste la injusticia y urge frenar las arbitrariedades y humillaciones de las autoridades al personal docente. Para dignificar el trabajo académico es apremiante democratizar la Universidad y sus sindicatos ¡Basta de autoritarismo!
