Fernando vivió con su madre y su abuela hasta el lunes 28 de julio, cuando dos mujeres, Ana y Lilia, ingresaron a su domicilio para llevárselo por la fuerza. La abuela no pudo impedirlo porque pocos días antes sufrió un infarto cerebral. Noemi tampoco logró oponerse a la violencia que le arrebató a su hijo de solo cinco años.
Acudió sola al módulo de policía más cercano a su domicilio para denunciar lo sucedido, pero los agentes que la atendieron no supieron cómo tratar a una persona cuya discapacidad hace que su habla no sea fluida.
Con todo, ella se esforzó para narrar que Fernandito había sido secuestrado por unos prestamistas, quienes vinieron a su casa para reclamar una deuda de mil pesos y como Noemí no tenía con qué cubrirla, esa gente se llevó al niño.
Así dio inicio la pesadilla. El martes siguiente, Noemí se trasladó al domicilio de las plagiarias. Ellas residían, junto con un sujeto de nombre Carlos, dentro de una vecindad ubicada a seiscientos metros de distancia. La madre intentó entrar al predio, sin embargo, cuando informó que no contaba con el dinero del adeudo, le cerraron la puerta en las narices.
Noemí recurrió de nuevo a las autoridades: visitó las instalaciones de la policía local, acudió al DIF del municipio de los Reyes la Paz y tocó también la puerta de la oficina regional de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Ningún funcionario fue capaz de empatizar con la pena expresada por esta madre. Acaso no tuvieron la paciencia que se necesitaba para escuchar lo que ella tenía por decir. En ninguno de esos lugares conocían el protocolo de atención que debe activarse para casos como este.
Entre visita y visita a los edificios de gobierno, ella regresó varias veces al sitio donde se encontraba retenido el menor. Los vecinos también fueron indiferentes. En vez de ayudar a la madre descorazonada, la dejaron consumirse por el dolor fuera de aquel predio.
Por fin, el jueves 31 de julio por la mañana, Noemi fue recibida en la fiscalía especial para personas desaparecidas, ubicada dentro de un complejo del municipio de Los Reyes, La Paz, conocido como “Ciudad Mujeres”.
Sin embargo, quien habló con ella pidió que regresara el lunes siguiente, ya que —por ser fin de semana— no había ningún Ministerio Público que pudiera levantar la denuncia y el personal no volvería a su escritorio hasta setenta y dos horas después. Para entonces ya habían transcurrido cuatro días desde el plagio de Fernandito.
Amistades de Noemí proporcionaron mientras tanto el contacto, vía la red social Facebook, de la activista Gloria Fabiola Villa Saldaña, cabeza de la organización no gubernamental, Amor y Rabia.
Durante casi diez años Fabiola ha defendido casos que arrojan a mujeres, niñas y niños a situaciones de violencia social y familiar. En entrevista, ella se refiere a la ausencia de capacidades para prevenir estos crímenes, las cuales subsisten dentro de los municipios del Estado de México: “Las autoridades no conocen los protocolos, no saben cómo actuar, son lentas, son unos burócratas que todo lo dejan para más tarde”.
Afirma haber intentado hablar del tema con las autoridades responsables: “la tragedia ocurrida a Fernandito se veía venir. Se los advertí muchas veces, pero nadie escucha”.
Se queja también Fabiola Villa de la cultura misógina que impera dentro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cuyo titular es José Luis Cervantes Martínez: “Es un hombre que no comprende estos temas, típico entre los de su sexo”.
Cuenta la activista que, por fin, el lunes 4 de agosto, por la mañana, funcionarios de la fiscalía para personas desaparecidas dedicaron tiempo a consignar las declaraciones de Noemí.
Sin pedir ninguna disculpa por haber abandonado esa oficina durante los días anteriores, un agente del Ministerio Público escuchó los hechos y procedió a levantar la denuncia.
Poco después, varias patrullas se trasladaron a la calle Carmen Serdán, de la colonia Ejidal del Pino, con la orden de ingresar a la vecindad donde Ana, Lilia y Carlos tenían retenido a Fernandito.
De acuerdo con el informe policial redactado ese mismo día, apenas ingresaron, los agentes percibieron un olor desagradable que les indicó el sitio donde se encontraba el menor.
Los plagiarios habían metido sus restos, ya sin vida, dentro de unas bolsas de plástico destinadas para la basura. Más tarde, ya sobre la fría plancha del forense, los golpes que sufrió en la cabeza advertirían la causa de muerte.
¿Qué habría sucedido en esta historia de horror si los agentes destacados en el primer módulo de policía hubieran intentado comprender lo que Noemí les quiso decir desde un principio?
¿Dónde estaría hoy Fernandito si los vecinos se hubiesen compadecido de Noemí, alguna de las muchas veces que ella fue a tocar su puerta?
¿Cuál habría sido la conclusión de esta historia si las autoridades del DIF o de la Fiscalía hubieran tratado con dignidad su sufrimiento?
¿Habría el niño regresado a casa si el Ministerio Público
no hubiera desertado su oficina?
El lunes 11 de agosto se celebrará la audiencia de vinculación contra Ana, Lilia y Carlos, todos acusados por el plagio y el homicidio de Fernandito. Es evidente que caerá sobre estas personas todo el peso de la ley. Se lo merecen.
Sin embargo, ¿no deberían también ser investigados y procesados los funcionarios que formaron parte de la cadena de negligencia y falta de humanidad que ignoró las súplicas de Noemí durante tantos días?
La muerte de Fernandito no solo fue consecuencia del crimen de los usureros que, para recuperar sus mil pesos, se llevaron al niño y luego le arrebataron la vida. También lo es de la discriminación reiterada que sufrió Noemí mientras intentaba ser escuchada.
Esta no debería ser una anécdota más de la crónica de la violencia que todos los días azota a nuestra sociedad. Si la muerte de Fernandito no obliga al gobierno del Edomex, y a sus municipios más poblados, a tomar medidas para que una negligencia como esta no suceda nunca más, ¿qué otra cosa podría provocarlo?
