La liberación de Israel Vallarta viene a remover uno de los casos más emblemáticos de la corrupción del sexenio de Felipe Calderón, en el que no solo quedó acreditado la participación de su entonces secretario de seguridad pública Genaro García Luna con el crimen organizado, la absolución de Vallarta revive esa otra faceta de aquellos siniestros personajes que estaban encargados de la seguridad de la población y que realmente eran delincuentes que actuaban desde la corporación con toda la complicidad de Felipe Calderón.
Ante los ojos de la comunidad internacional, México quedó en evidencia sobre lo grotesco de la actuación del Estado que entre otras encomiendas políticas es brindar seguridad a la población y una paz social como elementos fundamentales del estado de derecho, sin embargo fue lo contrario, aquella policía federal y la llamada Agencia Federal de Investigación coordinada por el secretario de seguridad pública Genaro García Luna y respaldada por el entonces presidente Felipe Calderón, eran realmente quienes secuestraban y detenían personas inocentes y los hacían culpables de delitos que nunca cometieron.
En esa época había el permiso extraoficial de hacer ejecuciones por parte de las corporaciones de seguridad, y posteriormente quedó demostrado el vínculo y pertenencia de funcionarios de alto nivel de la secretaría de seguridad pública federal a un cártel delincuencial y sus enfrentamientos contra otra organización criminal eran operativos de corporaciones oficiales, es decir, uno de los cárteles era parte del gobierno federal, aunado a ello, había toda una estrategia mediática para enaltecer a la secretaría de seguridad pública y a su titular Genaro García Luna que tenía una pasarela permanente por los medios de comunicación haciendo alarde de una supuesta lucha contra el crimen organizado lo cual todo era una simulación con toda la difusión de comunicadores y publicistas.
El caso Vallarta fue el mejor ejemplo de la mayor descomposición del Estado, de su entrega al crimen organizado, de la colusión de intereses políticos y económicos bien estructurados y coordinados entre el gobierno, los medios de comunicación y el crimen organizado, sin pudor ni recato mínimo, sin importar las vidas que se perdieran, ni los saqueos ni despojos de patrimonios de familias construidos por generaciones, no importa que hubiese personas inocentes en la cárcel pagando delitos que no cometieron, lo importante para Calderón, García Luna y los demás capos era tener esa estructura desde el Estado para imponer por la fuerza su negocio delincuencial.
El caso Vallarta y Florence Cassez sacudió al sistema de justicia en México, tanto en su procuración como en su impartición, provocó incluso un conflicto diplomático entre México y Francia porque Calderón defendía con todo a García Luna que quedó demostrado que era un delincuente, sino hubiese sido por la Suprema Corte que liberó a la francesa por violaciones graves a derechos humanos durante el proceso de detención y consignación ante la autoridad judicial, el conflicto entre los dos países hubiera escalado, y ante los ojos del mundo quedó demostrada la forma de actuación burda e ilegal de las corporaciones mexicanas de seguridad pública del gobierno panista de Felipe Calderón.
Hoy la oposición refiere que es un distractor porque evidentemente es uno de los temas más incómodos que le recuerda a la ciudadanía que la verdadera alianza con el crimen organizado ellos la tenían, y que por eso son repudiados y puestos moral y electoralmente en el desahucio político.
