Parece que al gobierno federal le cayó el asunto de Teuchitlán como papa ardiente. La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho, o al menos hizo hasta lo imposible por deslindarse, ella y su antecesor, de cualquier responsabilidad directa en el tema. En principio no atinaba cómo hacerlo, ni aún el Fiscal de la República, Alejandro Gerz Manero, aunque a este no le asisten principios éticos y ha hecho en varias ocasiones de los aspectos legales lo que le ha venido en gana. Ni el desprestigio que le ocasionaron los abusos y acciones siniestras en un bien conocido tema familiar, le permiten apuntar el dedo flamígero contra nadie, pero sí lo hizo, sobre todo al pretender hacerse a un lado de una posible atracción de toda la barbarie cometida en el rancho Izaguirre. Tuvo que ser la propia presidenta la que enderezara el barco y le recordó a Gerz lo obvio: tratándose de delitos cometidos por el crimen organizado, el asunto pasa en automático a la Fiscalía del país.
No obstante, Sheinbaum empieza a dar giros interesantes en la estrategia de seguridad pública y resulta más que claro que el Fiscal no es precisamente un factor a favor. Su punto de quiebre, de la presidenta, pese a ello, es el de exculpar a toda costa al expresidente Andrés Manuel López Obrador de quedar involucrado en casos como éste. Su frase más desafortunada de estos días ha sido la de “dejen ya en paz a López Obrador”. Pero, cómo hacerlo si él fue el autor de todas las políticas públicas que encauzó hacia una pasividad e inmovilidad ante los cárteles y grupos delincuenciales de alto potencial. Ya no era esa ridícula y absurda intención de seguir por el camino de “abrazos no balazos”. No. El asunto es mucho más grave ya que dejó en manos de militares todo el programa de seguridad, a veces se teme que con la consigna de molestar a los narcos lo menos posible. Los periódicos y otros medios de comunicación internacionales se quedaron estupefactos de que AMLO apareciera saludando a la familia de Guzmán Loera, a quien el expresidente llamaba “señor” y, en fin, las medidas que adoptó para llevar la “fiesta en paz” con los traficantes, a quienes tanto temía. Al momento de aquella pasada detención de Ovidio Guzmán, ¿no fue él quien declinó la acción consumada ya para extraditarlo a los Estados Unidos bajo el pretexto que quería evitar un “baño de sangre”. Y párenle de contar con tantas y tantas otras cosas en las que el expresidente solamente buscaba una supuesta paz basada en otorgar patente de corso a los delincuentes y a todos los cárteles. Ni qué decir de su reticencia total a recibir de voz directa el reclamo de las mujeres buscadoras, las verdaderas heroínas en todo esto.
Ya se han analizado y pormenorizado detalles con respeto de las fosas clandestinas del rancho en Teuchitlán, la indignación pública ha llegado a las calles mientras que, en efecto, mientras se lanzaban andanadas hasta de acto vandálicos (que nada qué ver con los de los auténticos deudos o aquellos que todavía padecen enorme desesperación por sus seres queridos que permanecen desaparecidos, el desatino fue mayúsculo pues esto pasaba y la presidenta disfrutaba de una de sus giras de fin de semana (al estilo de ya saben quién).
Nadie puede decir en este momento qué pasó y de quién fue la responsabilidad inmediata. Desde luego causa para empezar mucha extrañeza que las autoridades municipales de Teuchitlán ni siquiera se hayan percatado de los hechos terribles en uno de sus predios bastante visibles. ¿Ni un policía siquiera por casualidad se dio cuenta de lo que estaba sucediendo? ¿de veras el alcalde tampoco se dio cuenta de nada? Ni que decir que la Guardia Nacional, esa que nos presumen a diario con sus espectaculares cifras de combate al delito, tuvo la ocurrencia, digamos, de haber sido testigos de que algo grave pasó puesto que hace varios meses que tomaron conocimiento.
Y de la misma forma hay que incluir la responsabilidad que en tal descuido, omisión, colusión o lo que se quiera, tuvieron en su momento la Policía del Estado y desde luego la Fiscalía pasada en el fuero que le corresponde. La situación compromete principalmente al gobierno de Enrique Alfaro, no hay duda, y en su caso el gobernador Pablo Lemus, quien no tuvo el asunto a su cargo pues aún no tomaba posesión de su función, más bien distraído en asuntos procesales por la necedad de quienes impugnaron su triunfo. Sin embargo, hay que advertir que el tema ya está entrando al aro del control y de la búsqueda de la verdad. En ello está de acuerdo la presidenta Sheinbaum y el gobernador Lemus, quien asistió incluso a una mesa de seguridad en Palacio. La disposición de Pablo fue clara y contundente. Y no es la del escurridizo como el gobernador de Sinaloa, no. Es la de un gobernante que sí sabe que a fin de cuentas es un caso que tuvo lugar en Jalisco y que hará lo que esté en su mano para coordinarse con los demás niveles de autoridad, sobre todo la federal, para que el asunto, como es el caso de los miles de desaparecidos en Jalisco, llegue con certeza a la ruta correcta, sobre todo para aliviar la tremenda ola de dolor que aún invade a nuestro estado y a todo el país.
