Durante décadas, el estado de Hidalgo cargó con el peso de una deuda social histórica, manifestada en rezagos significativos en infraestructura, desarrollo rural y oportunidades económicas. Sin embargo, en la actual administración de Julio Menchaca Salazar, se percibe un cambio de rumbo, un esfuerzo decidido por subsanar estas carencias a través de inversiones sin precedentes, tanto del sector público como privado.
Tradicionalmente, Hidalgo fue visto como un estado con un gran potencial, una economía que no terminaba de despegar tal vez porque quienes en su momento gobernaron velaron por intereses que no necesariamente eran los de la mayoría. pero que no lograba despegar. Las administraciones pasadas, como la de Omar Fayad Meneses, si bien tuvieron sus propios esfuerzos, no consiguieron el impulso transformador que ahora se empieza a vislumbrar. La diferencia radica, en gran medida, en la magnitud y la dirección de las inversiones que hoy fluyen hacia la entidad.
Desde el sector público, la visión de desarrollo se materializa en proyectos de gran calado. La mención de los trenes no es menor; la modernización y expansión de la infraestructura ferroviaria puede ser un catalizador crucial para la conectividad y el transporte de mercancías, abriendo nuevas rutas comerciales y facilitando el acceso a mercados para los productos hidalguenses.
La tecnificación del campo representa un pilar fundamental para el desarrollo sostenible. Un sector agrícola modernizado, con acceso a tecnologías avanzadas, no solo incrementará la productividad y la competitividad, sino que también mejorará la calidad de vida de miles de familias que dependen de esta actividad.
Pero quizás el elemento más disruptivo y prometedor de este nuevo panorama es el récord de inversión privada que ha logrado la administración de Julio Menchaca. Romper las cifras alcanzadas en periodos anteriores, envía una señal clara de confianza por parte de los inversionistas. Esto no es casualidad; es el resultado de una estrategia que probablemente involucra la mejora del clima de negocios, la simplificación de trámites, la promoción activa del estado y, fundamentalmente, la garantía de un entorno de estabilidad y certeza jurídica.
El combate a la corrupción sin duda es también un factor decisivo, habrá que ver los alcances que ésta tenga y que quienes paguen por la estafa siniestra sea un ejemplo para los funcionarios de ésta y administraciones venideras.
