En la ciudad de Rosario, Argentina, un evento reciente ha vuelto a poner en evidencia la crisis de seguridad vial que azota a nuestro país. Dos jóvenes, bajo los efectos del alcohol, no solo arrebataron la vida de una madre y su hija mientras caminaban por una acera, sino que también expusieron la falla sistémica de nuestras políticas públicas en materia de tránsito.
Este trágico suceso no es solo una anécdota de dolor, sino un espejo que refleja la falta de compromiso del Estado con el derecho a la ciudad y a transitarla de manera segura. El derecho a la ciudad, un concepto acuñado por Henri Lefebvre, implica que todos los ciudadanos tienen el derecho inalienable a acceder, ocupar y disfrutar del espacio urbano en condiciones de seguridad, equidad y justicia.
Sin embargo, en Rosario, y en muchas otras ciudades argentinas, este derecho ha sido constantemente vulnerado por la impunidad con la que algunos conductores manejan, ya sea bajo la influencia del alcohol o a velocidades excesivas.
El caso de Rosario es un síntoma de una enfermedad mayor: la ausencia de políticas públicas eficaces que prevengan estos actos de irresponsabilidad que terminan en tragedia.
La visión cero, un enfoque que ha probado ser exitoso en países como Suecia, donde la meta es cero muertes o heridos graves en el tráfico, se basa en la premisa de que los accidentes viales no son inevitables, sino que pueden ser evitados con una combinación de legislación estricta, infraestructura pensada para la seguridad y educación vial integral. ¿Por qué entonces, en Argentina, seguimos sin implementar esta visión?
Cada muerte en la vía pública es una falla del sistema; no es solo un problema de “conductores imprudentes”. Es una falla de un sistema que no ha sabido o querido implementar medidas preventivas robustas.
Las cámaras de velocidad, los controles de alcoholemia y las campañas de educación vial son piezas de un rompecabezas que debería estar completo hace tiempo. Sin embargo, en la práctica, estas medidas parecen más bien ser para recaudar fondos que para salvar vidas.
Las multas, que deberían ser un disuasivo, a menudo no se aplican con la severidad necesaria, y la reincidencia en delitos viales es alarmante. La infraestructura urbana en Rosario, como en muchas ciudades argentinas, prioriza el automóvil sobre el peatón.
Las aceras, en lugar de ser zonas seguras y exclusivas para el tránsito peatonal, se convierten en áreas de riesgo cuando los vehículos invaden estos espacios o cuando los conductores no respetan los límites de velocidad.
Este diseño urbano, que favorece la velocidad por encima de la seguridad, es una declaración de cómo el Estado valora (o desvalora) la vida humana y el derecho a caminar sin temor. Además, la educación vial en Argentina es fragmentaria y no forma parte del currículo escolar de manera sistemática.
La concienciación sobre las consecuencias de conducir bajo la influencia del alcohol o a velocidades excesivas debería ser un pilar educativo desde la juventud, inculcando una cultura de respeto y responsabilidad hacia el espacio público.
El Estado argentino, en todos sus niveles, debe reconocer que cada accidente mortal es una quiebra de su deber de proteger a sus ciudadanos. La implementación de la visión cero requiere no solo de inversiones en infraestructura sino también de una reforma legislativa que endurezca las sanciones por conducir en estado de ebriedad o a velocidades peligrosas.
Se necesita un enfoque integral que incluya no solo la represión sino también la prevención y la rehabilitación. Es hora de que el Estado actúe con la urgencia que el derecho a la ciudad y a la vida merece, transformando nuestras calles en lugares donde la seguridad y el respeto sean la norma, no la excepción.
