Ricardo Anaya, coordinador de la bancada panista en el Senado, lanzó una dura crítica contra cuatro iniciativas impulsadas y aprobadas por Morena en el Congreso: de personas desaparecidas, general de población, de telecomunicaciones y de investigación e inteligencia. Aunque tratan temas diversos, Anaya advirtió que todas están “interconectadas” por un problema de fondo: debilitan la privacidad ciudadana y abren la puerta a un “gobierno espía”.
Con su tradicional elocuencia, Anaya argumentó en una ponencia en San Lázaro que estas leyes permitirán al gobierno tener acceso a nuestra ubicación en tiempo real, saber qué restaurantes frecuentamos y en qué hoteles nos hospedamos y hasta qué compramos en Amazon. Su postura se suma a la de muchos otros críticos que temen un modelo de vigilancia estatal con tintes orwellianos.
Los defensores de las reformas sostienen que lo único que buscan es mejorar la coordinación en materia de seguridad y acelerar la localización de personas desaparecidas. Señalan que, por ejemplo, contar con un Registro Nacional de Población que incluya datos biométricos como huellas digitales puede facilitar la búsqueda de familiares desaparecidos, una de las principales demandas de las madres buscadoras.
Yo comparto la preocupación de Anaya y de quienes reprueban la excesiva intromisión del Estado en la vida de las personas. Pero también reconozco que encontrar un balance ideal entre seguridad y privacidad es muy complejo. Hay quienes consideran que la privacidad debe estar por encima de todo y que las personas no aceptarán ningún compromiso que la ponga en riesgo. Difiero. Basta ver la cantidad de datos personales que estamos dispuestos a compartir con plataformas como Facebook, Google y WhatsApp a cambio de servicios gratuitos. Algunas de estas plataformas nos conocen mejor que nuestros propios familiares.
Debo de reconocer que este intercambio es comercial y voluntario. Cuando es el gobierno quien concentra la información los riesgos son mayores. Y no solo por posibles malos manejos de los datos, sino porque su uso puede volverse político, represivo o de control social. No hay que olvidar que el gobierno no está partiendo de cero. Ya tiene acceso a mucha información, como el nivel de ingresos, los impuestos que pagamos, las propiedades que tenemos y nuestra CURP.
El balance entre privacidad y seguridad varía según el país. En EU, por ejemplo, la población tiende a ser más permisiva con la cesión de datos personales a cambio de seguridad o conveniencia mientras que en Europa privilegia una mayor protección de la privacidad. En México el debate está en pleno desarrollo.
Habrá que ver si la pérdida de privacidad se traduce, como han prometido, en mayor seguridad y eficacia para encontrar a desaparecidos. De lo contrario, habremos cedido privacidad a cambio de nada.
