Es increíble que en un país civilizado exista un historial de casi cien mil desaparecidos y que en los últimos tres años el conteo sea de veinte mil; si ese dato no le impacta, en lo que va del 2022 hay 3,700 personas desaparecidas.
Ante la desaparición de una hija, hijo, hermano, hermana, padre o madre, la familia se rompe, el dolor y la impotencia arrasa vidas enteras.
Ante esas cifras no hay lugar para decir que es una “herencia” del pasado; la razón es obvia, es la impunidad rampante que en vez de disminuir crece.
En México, los delitos no se castigan, ni se persiguen, en un estudio sobre la impartición de justicia, se determinó que para 2020 la impunidad en nuestro país es de 94.8 %.
Ante la gran cantidad de desapariciones y la sospechosa indolencia de las autoridades, la sociedad se ha intentado organizar mediante una gran cantidad de agrupaciones.
El “Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México” agrupa a más de 70 colectivos y organizaciones de familiares de víctimas de desaparición; son agrupaciones de gente que ha perdido a un familiar y busca actuar para encontrar a los familiares y/o presionar a las autoridades para cumplir con su deber.
Dichas agrupaciones han encontrado verdaderos campos de exterminio o casas de seguridad, con evidencia de restos de cuerpos humanos y han tenido que enfrentar, además de la indolencia e incapacidad, un desdén e incluso hostigamiento por parte de las autoridades.
A pesar de la formación de comisiones especiales, emisión de cierta legislación sobre el tema y el establecimiento de memoriales sobre desaparecidos, la justicia no llega y las desapariciones siguen sucediendo.
A ello se suma una falta terrible de recursos, humanos, técnicos y monetarios en materia forense, que ha detonado en un colapso del sistema forense, se sabe que a nivel nacional hay más de 52,000 personas fallecidas sin identificar.
Otra situación deplorable es la victimización sistemática que sufren las familias que han perdido a algún familiar:
la primera cuando pierden a su familiar, la segunda cuando denuncian y no es encontrado (ni buscado), la tercera cuando son estigmatizados porque el desaparecido “seguramente andaba mal” y la cuarta cuando son amenazados o asesinados por persistir en la búsqueda.
Es triste saber que de 2010 a 2021, 12 familiares de colectivos de búsqueda han perdido la vida al persistir en denunciar a los perpetradores del asesinato o desaparición de sus familiares, a pesar de haber denunciado amenazas de muerte o estar bajo “protección” de las autoridades.
El problema no es privativo de nivel de gobierno o tema de partido; la impunidad, indolencia y en algunos casos complicidad es un cáncer que invade a todo el sistema de prevención del delito, procuración de la justicia y atención a las víctimas.
Este tema de la prevalencia del estado de derecho, el combate a la impunidad y la vigencia plena de los más elementales derechos humanos requiere de la participación de la sociedad y de la exigencia a nuestras autoridades.
