Jalisco atraviesa por una de las crisis de seguridad más graves de su historia y el fortalecimiento y coordinación entre todas las instituciones, órdenes de gobierno y poderes es fundamental para recobrar la tranquilidad de las y los jaliscienses. En este punto, la justicia no sólo es un ideal sino una demanda de hechos concretos que merece la sociedad, somos dignos de la justicia que anhelamos, pero también somos responsables de construirla, fortalecerla y defenderla.
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco es el garante del Poder Judicial en nuestra entidad y durante décadas ha recibido un trato diferenciado respecto a otros poderes, cayendo en situaciones que afectan sus procesos e impactan en el reclamo de la sociedad por una justicia pronta y expedita. Jalisco es uno de los estados con mayor índice de impunidad se registran en el país: se estima que nueve de cada diez delitos no se denuncian y que de aquellos que sí, nueve de cada diez no consiguen sentencia condenatoria. Aún con esas cifras, el Poder Judicial se encuentra saturado, con rezagos considerables y señalamientos de irregularidades. Es urgente una modernización del Poder Judicial, que ha sido rebasado por otras entidades que ya utilizan mecanismos tecnológicos de vanguardia que agilizan y facilitan las labores de los litigantes y del personal del Tribunal.
Ayer el Congreso del Estado aprobó en primera lectura una iniciativa que a todas luces era pertinente, pero en la que se deslizaron una serie de candados que comprometen el espíritu mismo de la separación de poderes y el respeto a la autonomía que debe prevalecer en cada uno de ellos, en el cumplimiento de sus funciones y una sana independencia que garantice la funcionalidad de nuestra vida republicana. Una iniciativa del gobernador planteó la figura del llamado “presupuesto constitucional” en que, a partir de 2024, sin importar la situación política o la relación entre poderes, el Supremo Tribunal recibirá el 2% del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco. La medida es justa, aunque insisto, vino acompañada de candados. Y es que este presupuesto estará condicionado, por lo que ese dos por ciento constitucional se distribuirá de la siguiente manera: 0.5% se destinará a infraestructura; del 1.5% restante se debe asignar un 70% al Consejo de la Judicatura, 25% al propio Supremo Tribunal de Justicia y 0.5% al Instituto de Justicia Alternativa.
La autonomía de los poderes públicos y de otras entidades es una de las bases de los gobiernos democráticos y plurales, y debe mantenerse para evitar ser rehén de los ánimos de ninguna mayoría legislativa. Lograr un presupuesto constitucional debe hacerse sin miramientos o condiciones y con esto se busca que no existan intentos de sujeción por parte de nadie.
Una propuesta alterna, presentada por nuestros legisladores va en torno a aumentar incluso el monto del 2 al 3% sin que este presupuesto fuera condicionado por ninguna mayoría o gobierno. Insisto, la intromisión de los poderes públicos por parte de fuerzas políticas es arriesgada, sobre todo si se trata de aquel poder encargado de la justicia en nuestra entidad. La autonomía del Supremo Tribunal reside justamente en poder, en libertad, decidir sobre lo mejor para actuar. Finalmente, la propuesta de un 2% condicionada puede ser aprobada por una mayoría legislativa y representar un avance en materia de igualdad entre poderes en términos presupuestarios. Pero no debe ser condicionado. De aprobarse de esa manera, sentaría un precedente en la relación entre poderes. El Supremo Tribunal de Justicia debe fortalecerse y modernizarse, con sus propios procesos y en pleno respeto a su independencia y debemos apostar por ello. Pero no se trata de una carta abierta, el presupuesto de cualquier entidad pública debe ir acompañado de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia que satisfagan las inquietudes de los contribuyentes que aportan para el sostenimiento y funcionamiento de estas entidades públicas.
