En abril, el director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, Todd Lyons, le dijo a una sala llena de empresas militares y tecnológicas cómo quería el gobierno de Estados Unidos (EU) que fuera el sistema de deportación de su país.
Debe ser como “Amazon, intentando conseguir tu entrega Prime en 24 horas”, pero aplicado a “seres humanos”, declaró en la Expo de Seguridad Fronteriza de 2025. Esperaba que la inteligencia artificial (IA) pronto pudiera ayudar a “llenar aviones” de deportados.
Donald Trump no ha ocultado su deseo de intensificar la aplicación de la ley migratoria. El presidente estadunidense regresó al cargo con una sólida campaña antimigratoria en un momento de descontento público generalizado por el aumento de los cruces fronterizos ilegales durante el mandato del presidente Joe Biden.
Su prometida ofensiva ya está en marcha y su “gran proyecto de ley” otorga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) 165 mil millones de dólares (mdd) en fondos adicionales, el mayor aumento en fondos destinados a la aplicación de la ley migratoria en la historia de EU. De esa cantidad, unos 45 mil mdd, asignados hasta septiembre de 2029, se destinarán a nuevos centros de detención.
el dato45 mil mdd invertirá EU
Para nuevos centros de detención hasta 2029.
“Estamos poniendo al pueblo estadunidense en primer lugar al expulsar a los inmigrantes ilegales que representan una amenaza para nuestras comunidades”, dijo la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, al FT.
EU contaba con el sistema de detención de inmigrantes más grande del mundo, incluso antes de que el presidente presentara sus planes de deportación masiva. Tras un crecimiento constante desde la década de 1980, abarcando administraciones republicanas y demócratas, le costó al gobierno 3 mil 400 mdd en 2024.
Está gestionado en gran medida por el sector privado. Alrededor de 85 por ciento de las personas bajo custodia migratoria se encuentran recluidas en centros con fines de lucro, según el Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse.
Pero la extraordinaria escalada de las políticas migratorias de Trump puso bajo la lupa a la industria, que ha aumentado su escala en respuesta a esta, y como resultado, ha visto un aumento en sus ingresos. Las políticas actuales han llevado las cifras de detenciones a niveles récord: 18 mil personas más que cuando Trump llegó al poder.
Los críticos del sistema de detención, que retiene a las personas mientras se llevan a cabo los procesos de deportación y los procedimientos legales asociados, dicen que los contratistas privados a veces han puesto su deseo de obtener ganancias por delante de los estándares éticos, con el apoyo tácito de los legisladores de ambos lados del Congreso.
“Los republicanos no tienen derecho a reclamar fondos de cabildeo de empresas privadas para expandir las cárceles y los centros de detención”, afirma Nancy Hiemstra, profesora asociada y coautora del libro Immigration Detention Inc., señalando que las administraciones demócratas también han participado. “Pero los cabilderos y las empresas están mucho más entusiasmados con personas como Trump y los republicanos porque son más abiertamente agresivos y están más dispuestos a declarar sus objetivos”.
Los contratistas de detención afirman que prestan un servicio rentable en apoyo a las fuerzas del orden estadunidenses y que pueden responder con mayor facilidad a la fluctuante demanda de capacidad. También señalan que no supervisan las leyes de inmigración ni tienen voz ni voto en la deportación o liberación de ninguna persona.
Pero los niveles crecientes de encarcelamiento están llevando a un deterioro de las condiciones, dicen los representantes legales y los detenidos.
Maurilio Ambrocio, un inmigrante indocumentado de 42 años y padre de cinco hijos, pasó una noche durmiendo en el suelo de un centro de detención en Florida tras ser arrestado por ICE en abril. Pastor evangélico y trabajador de oficios varios, relata que algunos de sus compañeros permanecieron semanas sin cama, obligados a dormir en baños, en espacios destinados a abogados e incluso en un autobús debido al hacinamiento.
“En un cuartito para cinco personas, meten hasta 30, 40 o 50”, cuenta Ambrocio, originario de Guatemala y residente en EU desde hace 20 años. “Todo es un caos”.
Más inmigrantes, más ganancias
En una conferencia trimestral con inversionistas, Damon Hininger, director ejecutivo de CoreCivic —una de las dos mayores contratistas de prisiones en Estados Unidos—, calificó la elección de Donald Trump como un punto de inflexión para su compañía. “Nunca en nuestros 42 años de historia habíamos visto tanta actividad y demanda de nuestros servicios como ahora”, afirmó.
La perspectiva de una campaña de deportaciones sin precedentes ha disparado el valor de mercado de CoreCivic, con sede en Tennessee, y de su rival Geo Group, con sede en Florida. Ambas dependen en gran medida del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE): en 2024, Geo recibió casi mil mdd en contratos de detención migratoria —42 por ciento de sus ingresos y más del doble de lo obtenido en 2015—. En el caso de CoreCivic, casi un tercio de sus ingresos provienen de ICE.
El entorno bajo Trump, explica el analista Hiemstra, combina capital financiero y político. “Ahora hay un cambio real: más industrias, comunidades y políticos reconocen abiertamente que detener inmigrantes no solo es una forma de ganar puntos políticos, sino también de generar ingresos para nuestras empresas y comunidades”.
La demanda es tal que CoreCivic y Geo, junto con contratistas más pequeños como Management and Training Corp, LaSalle Corrections y Akima Global Services, se apresuran a reabrir prisiones clausuradas y a expandir las existentes para alcanzar el objetivo gubernamental de unas 100 mil camas en todo el país. La administración Trump ha modificado docenas de contratos y firmado acuerdos sin licitación para acelerar el proceso.
En al menos cinco estados se reactivan o inauguran centros. Solo nueve de ellos, con capacidad para 16 mil camas adicionales, podrían aportar más de 500 mdd anuales a Geo y CoreCivic, según documentos para inversionistas revisados por FT.
Geo ha incrementado su gasto: en su reporte del primer trimestre de 2025 anunció que su inversión de capital crecerá de 79 mdd en 2024 a entre 120 y 135 mdd este año, destinados principalmente a ampliar capacidad y ofrecer servicios a ICE. En mayo, CoreCivic elevó en al menos 50 por ciento su previsión de ganancias para 2025, hasta un rango de 91 a 101 mdd, gracias a mayores tasas de ocupación y a la reapertura de instalaciones inactivas.
Entre los nuevos proyectos destaca el plan de Geo para consolidar en el sur de Georgia la mayor instalación de ICE del país: la unión del Centro de Procesamiento de ICE en Folkston (mil 118 camas) con la vecina prisión D. Ray James (mil 868 camas). La compañía calcula que este complejo aportará 66 mdd adicionales al año.
El gobierno también utiliza cárceles locales y centros de “lado blando”, como el administrado por Florida en una pista de aterrizaje en los Everglades, bautizado por aliados de la administración como el “Alcatraz de los caimanes” por la fauna salvaje que lo rodea. Incluso la Base Naval de Guantánamo alberga detenidos, ahora bajo la gestión de Akima, pese a haber sido concebida para sospechosos de terrorismo.
En total, más de 57 mil 800 personas están recluidas en al menos 200 centros de detención, frente a los 144 de los últimos días del gobierno de Biden. Si se incluyen salas de espera y unidades menores, la cifra asciende a unos 500 lugares. El rápido crecimiento está poniendo al sistema al límite: la mitad de los 50 centros más grandes ha reportado cifras récord de población desde la llegada de Trump, y al menos 15 han excedido su capacidad, según datos de ICE y documentos obtenidos por el Proyecto de Datos de Deportación.
Abogados y activistas denuncian que hay migrantes durmiendo en el suelo, en pasillos y con dificultades para acceder a representación legal. La atención médica es una de las principales preocupaciones. “Personas que antes habrían sido liberadas por problemas médicos graves simplemente no están siendo liberadas”, afirma Rebekah Wolf, directora de la Campaña de Justicia Inmigratoria del Consejo Americano de Inmigración.
El DHS rechaza estas acusaciones. Su vocero McLaughlin asegura que son “categóricamente falsas” y que ICE evita el hacinamiento, ofrece alimentación, atención médica y acceso a familiares y abogados. CoreCivic insiste en que todos los detenidos tienen cama, ropa, mantas y artículos de aseo, además de atención médica “de alta calidad”. Geo Group asegura que sus instalaciones nunca exceden su capacidad y que la atención médica está disponible las 24 horas.
Mientras tanto, Trump exige más arrestos. En mayo, la Casa Blanca impuso a ICE una cuota de 3 mil detenciones diarias, que el zar fronterizo Tom Homan incluso propuso elevar a 7 mil. Aunque la estancia ilegal en EU es una falta civil y no un delito penal, ICE ha ampliado su margen de acción: según Homan, “cualquier persona sin papeles ahora está sobre la mesa”.
La combinación de cuotas más altas y la inyección extraordinaria de 45 mil mdd aprobada en el “proyecto de ley Trump” anticipa más detenciones. Pero la capacidad seguirá siendo un desafío. “No tienen ni de lejos la infraestructura para manejar las cifras de las que hablan”, advierte Joe Gomes, analista de Noble Capital Markets. “Se pueden reabrir instalaciones rápido, pero luego hay que dotarlas de personal cualificado, y eso será un reto”.
El modelo de negocio
A medida que las tasas generales de criminalidad en Estados Unidos están disminuyendo, las empresas penitenciarias privadas han recurrido cada vez más a los centros de detención de inmigrantes para obtener ingresos.
La población de inmigrantes detenidos comenzó a crecer drásticamente en la década de 1990, alcanzó niveles sin precedentes antes y después de la pandemia de Covid y hoy se encuentra en un máximo histórico.
“Las comunidades, las empresas, todas las personas que invierten tienen un fuerte incentivo para llenar los espacios que han construido”, explica Brianna Nofil, historiadora y autora de The Migrant’s Jail. “Y han construido muchísimo espacio”.
La industria de la detención privada no solo se expande con rapidez; también tiene un largo historial de influencia política. Sus compañías han invertido millones de dólares en campañas al Congreso y en comités de partidos para asegurar aliados en Washington. Esa cercanía se refleja dentro de los propios centros de detención, donde agencias federales trabajan codo a codo con contratistas privados.
Geo Group presume de sus cuatro décadas de experiencia. “Durante los últimos 40 años, nuestras soluciones innovadoras han ayudado al gobierno federal a implementar políticas migratorias en siete administraciones diferentes”, afirma la empresa.
EL DATO85 por ciento de los inmigrantes detenidos en EU
Están en centros privados con fines de lucro.
Pero los críticos advierten que delegar casi todo en manos privadas significa priorizar el lucro sobre la atención. “Su objetivo es ganar dinero, así que recortan gastos donde pueden”, sostiene Setareh Ghandehari, directora de defensa en la Red de Vigilancia de la Detención.
El negocio va más allá de las cárceles. Geo Group y CoreCivic tienen divisiones de transporte, y una filial de Geo opera para ICE un sistema de rastreo digital de migrantes en procesos judiciales mediante grilletes electrónicos y una aplicación móvil. “Es un negocio enorme y rentable”, dice Rebekah Wolf, del Consejo Americano de Inmigración. “La atención médica está privatizada, el acceso telefónico está privatizado... cada servicio genera ingresos. Eso incentiva a más actores, pero también reduce los recursos destinados a los detenidos”.
Las denuncias sobre abusos y negligencia llevan años acumulándose: alimentación deficiente, condiciones de higiene precarias y atención médica insuficiente. En septiembre pasado, antes de que Trump asumiera la presidencia, el propio DHS reconoció que ICE y los operadores “en general cumplían” con algunas normas, pero tenían “dificultades” para respetar otras.
Además, parte de la supervisión desapareció. La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles y la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes —encargadas de atender quejas— fueron clausuradas durante la administración Trump.
“Están desmantelando un sistema de rendición de cuentas ya deficiente, en nombre de la conveniencia y la rápida expansión”, afirma el analista Hiemstra. “Cualquier barrera, o incluso la apariencia de una barrera, está siendo eliminada”.
El DHS rechaza esas críticas. Su portavoz McLaughlin asegura que la seguridad y el bienestar de las personas bajo custodia es “una prioridad máxima”. Las compañías, por su parte, defienden su eficiencia: afirman que pueden construir y operar centros a menor costo que el gobierno y que cumplen con estándares federales mediante inspecciones periódicas.
“CoreCivic tiene todos los incentivos para brindar un servicio excepcional a nuestros socios gubernamentales”, dice Ryan Gustin, director de asuntos públicos de la empresa. “Cumplimos con rigurosos estándares federales, porque de eso dependen nuestros contratos”. Geo Group sostiene que sus operaciones son supervisadas por ICE para garantizar el cumplimiento de las normas y que responde de inmediato a cualquier inquietud.
No obstante, Ghandehari recuerda que los problemas no son exclusivos del sector privado: también se han documentado abusos en centros directamente administrados por ICE o por cárceles locales.
A nivel político, los centros de detención se presentan como generadores de empleo e inversión en comunidades que dependen de esos ingresos. “Existe una relación simbiótica”, resume Ghandehari. “Las empresas ejercen presión política y celebran cuando Trump gana. Pero también responden a lo que el gobierno les pide. El interés político detrás de todo esto es enorme”.
El costo humano
Ashley Ambrocio sabe lo que es el terror de tener a un ser querido bajo custodia de ICE. La joven de 19 años no tenía idea de a dónde habían llevado a su padre, Maurilio, cuando fue arrestado en uno de sus controles de inmigración rutinarios, tras más de dos décadas viviendo en EU. “Me pregunto: ¿lo van a deportar? ¿Qué está pasando?”, recuerda.
Durante las 10 semanas que pasó en tres centros de detención —dos de ellos privados—, Maurilio Ambrocio describe escenas de hacinamiento, comida insuficiente y maltratos por parte del personal. Algunos guardias, asegura, llamaban “cerdos” a los detenidos. “Todos los centros nos tratan como animales”, afirma.
El FT también habló con familiares de otros dos migrantes en detención preventiva y consultó testimonios de abogados de dos casos adicionales. Todos coinciden en describir condiciones deplorables.
Maurilio recuerda que los detenidos entraban y salían sin explicación, sin saber cuánto tiempo permanecerían allí. “No sabes qué te va a pasar”, dice.
La falta de camas y la logística de los vuelos de deportación obligan a ICE a trasladar a decenas de miles de personas entre centros públicos y privados. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, el número promedio de transferencias por detenido ha aumentado de forma significativa, lo que dificulta aún más a las familias localizar a sus seres queridos.
EL DATOMil mdd obtuvo Geo Group en ingresos
Por contratos de detención en 2024.
Para algunos expertos, los traslados no son solo logísticos. Heidi Altman, vicepresidenta de políticas del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, sugiere que ICE los utiliza como castigo o para alejar a los migrantes de la representación legal. El abogado de inmigración Marty Rosenbluth, con más de 15 años de experiencia en estos casos, coincide: “Los mantienen desorientados. Sus abogados no pueden contactarlos y sus familias pierden la pista”.
El DHS rechaza estas acusaciones. McLaughlin, su portavoz, asegura que la idea de traslados estratégicos es “categóricamente falsa” y sostiene que ICE decide en función de la disponibilidad de camas, la ubicación de audiencias o los vuelos de deportación programados.
Mientras tanto, legisladores demócratas han intentado ejercer su derecho legal de ingresar a los centros sin previo aviso. Pero las nuevas directrices del DHS ahora exigen notificar con siete días de anticipación y otorgan a ICE la facultad de negar o cancelar visitas. En julio, un grupo de legisladores de Florida fue bloqueado en la entrada del llamado “Alcatraz de los caimanes”, poco después de su apertura. En X, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, expresó su “profunda preocupación” por las muertes y emergencias médicas reportadas en centros de Florida y otras regiones.
Para Maurilio Ambrocio, la espera terminó en julio, cuando le notificaron su deportación. Dos días después estaba en un vuelo rumbo a Ciudad de Guatemala, junto a más de 100 personas, con grilletes en pies y manos. “Es triste estar lejos de la familia, sin saber qué va a pasar”, dice.
Para Ashley, ciudadana estadunidense, ver a su padre —un líder comunitario— detenido sin explicación ha cambiado para siempre la forma en que entiende el país donde nació. “Muchas de estas personas no son criminales. Son trabajadores, son padres, son madres. Solo quieren una vida mejor. Y ese debería ser el propósito de Estados Unidos: ofrecer una vida mejor”.
KRC
