Ante la inminente pérdida de zonas naturales por el desmonte de áreas verdes en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, ecologistas lanzaron un llamado a los tres niveles de gobierno para que frenen las construcciones en la zona protegida.
Ernesto Enkerlin-Hoeflich, ex director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, señaló que los desmontes reducen la infiltración del agua y generan la escasez del líquido.
Además, dijo, se minimizan las zonas de absorción y se promueve el riesgo de inundaciones; mientras que al haber menos árboles hay menos áreas de captación de partículas contaminantes y aumenta la mala calidad del aire.
“Estamos matando lentamente a la ciudad al ir perdiendo estos servicios ecosistémicos y estas invasiones son gravísimas, porque aunque las invasiones ocupen extensiones relativamente pequeñas, los efectos que tienen sobre el ecosistema son graves.
“Realmente es impresionante que no le estemos metiendo más atención al Parque Nacional Cumbres de Monterrey y a otras áreas naturales (…). Es urgentísimo tomar medidas para evitar que siga la degradación”, apuntó.
Enkerlin-Hoeflich mencionó que las áreas naturales protegidas son “tierra de nadie”, pues existe una legislación ambigua.
“El Legislativo tiene que apoyar con mejores leyes a nivel estatal, que estén alineadas a las leyes federales.
“Las áreas naturales son tierra de nadie, porque las autoridades, por desconocimiento o por falta de recursos se están pasando la bolita constantemente. Yo creo que el estado puede hacer una gran labor de actuar de bisagra con la federación y los municipios para que se logre finalmente establecer un plan”, explicó.
El biólogo y activista Antonio Hernández señaló que el parque representa una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano para la zona metropolitana de Monterrey, pues provee entre el 45 y 60 por ciento del líquido que se consume.
“Lo que nosotros solicitamos es que los ayuntamientos de donde se encuentra esta área natural protegida y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente actúe y aplique lo que la ley, que se abran procesos administrativos para sancionar a quien no cumplió la ley y a la recuperación de ecosistemas”, concluyó.