El estado de Tamaulipas tendrá un incremento de 18 millones de pesos en el presupuesto que enviará la federación para Seguridad Pública, pues se calcula un crecimiento de hasta un 7%, indicó Erasmo González Robledo, diputado federal presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Explicó que la asignación del recurso se verá dentro de los primeros meses del año, pues el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el que determina las hipótesis sobre el gasto para cada estado y con base en ello se otorga el recurso.
Te recomendamos
Sin embargo el diputado federal explicó que el aumento para Tamaulipas y el resto de las entidades federativas, en materia de seguridad pública está garantizado, pues además de la inflación tiene que subir en relación al presupuesto que tenga la Guardia Nacional, pues así quedó establecido en un acuerdo transitorio.
De tal forma se estima que en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública Tamaulipas tenga un aumento de hasta un 7%, es decir que recibirá 18 millones de pesos extras, que en el 2023, cuando tuvo un presupuesto de 261.7 millones de pesos.
“El Secretariado Ejecutivo Seguridad Pública determina cuáles son las hipótesis y las cantidades que serán asignadas a cada entidad federativa, pero se implementan los convenios los primeros meses del año, y si sube porque así está establecido, sube en relación el presupuesto asignado a la Guardia Nacional y fue superior al 7% de incremento”.
Explicó que quedó establecido por mandato constitucional que el FASP, que es una mezcla de varios recursos, crezca en relación con el monto asignado a la Guardia Nacional para que haya un acompañamiento.
De acuerdo al reglamento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública establece que el dinero se debe ocupar para el reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías judiciales o equivalentes; equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes; la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; y el seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública.
SJHN
